(Efe) Al dirigirse a las autoridades penitenciarias, la Iglesia añadió que el Estado venezolano debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la defensa y desarrollo de la persona y de su dignidad y que «tragedias humanas como ésta» requieren de «responsable precisión en las informaciones».
Sugirió, además, por el bien de los privados de libertad, «esforzarse en erradicar las mafias que hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos que conducen a situaciones tan lamentables como la descontrolada violencia recientemente acaecida».
El Centro Penitenciario de la región Centro Occidental, conocido como Uribana, fue escenario de un motín que la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, atribuyó a una «resistencia» de «líderes negativos» del penal a los que acusó de disparar «a mansalva» mientras los presos esperaban en el patio una requisa oficial.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera Uribana como una de las «tres cárceles más violentas» de Venezuela con alrededor de 2.400 presos teniendo solo una capacidad para 850.
Ese penal fue desalojado después del motín para su reparación, según anunció Varela.
