(Catholic Herald/InfoCatólica) El último informe anual del Departamento de Salud de Hawái sobre el suicidio asistido revela que el número de suicidios asistidos que se producen cada año en ese estado de Estados Unidos casi se ha cuadruplicado desde 2019. El propio departamento admite, además, que hay muertes que no están siendo documentadas, lo que ha llevado a reclamar al gobernador, Josh Green, que encargue con urgencia una investigación independiente.
Un récord de 59 personas murió por suicidio asistido en Hawái en 2025, frente a las 38 de 2024. Se trata de un aumento del 55,3% en un solo año y de la cifra anual más alta desde la legalización, en 2019. En los siete años transcurridos entre el comienzo de 2019 y el final de 2025 se han notificado en Hawái 254 muertes por suicidio asistido.
La proporción más alta del país
El informe pone también de manifiesto que Hawái registró la mayor proporción de muertes por suicidio asistido, en el séptimo año natural completo de vigencia de su ley, de todos los estados de Estados Unidos que publican esas cifras. Las 59 muertes notificadas equivalen al 0,46% de las 12.689 defunciones provisionales de residentes en Hawái en 2025, es decir, aproximadamente una de cada 215. En el séptimo año completo de aplicación de sus leyes, California se situó en el 0,33%, en 2023, y Oregón en el 0,12%, en 2004.
Hawái notificó en 2025 un total de 23 muertes por suicidio asistido por cada 5.000 fallecimientos en el estado, lo que supone un aumento del 53,33% respecto al año anterior, cuando fueron 15 por cada 5.000.
Muertes sin documentar
En el informe, el Departamento de Salud de Hawái reconoce de manera explícita que no todas las muertes por suicidio asistido quedan documentadas. Se trata de un problema de primera magnitud, porque significa que las supuestas garantías de la ley para evitar muertes ilegales, como homicidios y otros posibles abusos, podrían no estar cumpliéndose, y hace muy difícil comprobar si se cumplen o no.
En un comunicado publicado tras la difusión del informe, el departamento admitió que «en algunos casos, no se notifica al médico responsable si el paciente cualificado falleció posteriormente o si llegó a ingerir el medicamento prescrito».
El departamento añadió que puede ocurrir que los formularios de seguimiento obligatorios no lleguen a presentarse, o que la información que debe constar en ellos figure como desconocida. Según su versión, incluso en los casos en que faltan esos formularios, ello no indica necesariamente un incumplimiento de la ley.
Que haya suicidios asistidos que se producen sin quedar documentados abre también la puerta a que delitos graves, como el presunto asesinato de 2024, pasen inadvertidos. Significa igualmente que las cifras publicadas probablemente se quedan por debajo del número real de muertes por suicidio asistido.
Complicaciones que no se publican
La ley obliga al médico o a la enfermera de práctica avanzada a rellenar un formulario tras la muerte del paciente, en el que, entre otras cosas, se recogen los datos sobre complicaciones. Esos datos, por tanto, deben recabarse obligatoriamente, pero el Departamento de Salud de Hawái ha optado por no incluirlos en sus informes anuales. Eso impide saber si los formularios se están rellenando correctamente y deja al público sin forma de vigilar las complicaciones.
El propio departamento reconoció que la falta de información pública hace difícil saber con qué frecuencia se producen complicaciones y si los profesionales rellenan de manera sistemática los formularios exigidos. Nada impide, sin embargo, publicar esos datos, como hacen otros estados, entre ellos Oregón y California.
El Departamento de Salud de Hawái ya informó en el pasado de al menos una complicación grave. El informe de 2021 describía un caso en el que transcurrieron unas doce horas entre la ingestión de los fármacos y la muerte, lo que indica que podría haber otras complicaciones graves de las que no se está informando.
La anciana que pidió que pararan
El informe omite por completo el presunto asesinato de una mujer de 88 años que, según la acusación, murió a manos de su médico. En octubre de 2024 la mujer había recibido los fármacos letales prescritos en virtud de la ley hawaiana de suicidio asistido, y el médico se los habría administrado ilegalmente en su domicilio de Honolulu.
Según los investigadores, la mujer empezó a ahogarse e hizo señas al médico para que se detuviera, pero él siguió administrándole la medicación. El médico forense calificó la muerte de homicidio.
Dadas las lagunas reconocidas en el control del suicidio asistido en Hawái, cabe preguntarse si se han producido incidentes semejantes que simplemente no se han detectado.
Otro dato del informe llama la atención: de los diecisiete profesionales que realizaron evaluaciones de la capacidad mental de los solicitantes durante el periodo, solo tres eran psiquiatras.
Además, como el certificado de defunción debe consignar como causa de la muerte la enfermedad terminal del paciente, y no los fármacos del suicidio asistido, el departamento no puede utilizar los certificados de defunción para averiguar cuántos suicidios asistidos se han producido. Si el propio departamento admite que no todas esas muertes quedan registradas en su informe anual, el hecho de que no se consignen correctamente impide localizar las que faltan a través de los certificados, y agrava las lagunas existentes.
Piden una investigación independiente
Alisdair Hungerford-Morgan, director ejecutivo de Right To Life UK, organización que se opone al suicidio asistido y a la eutanasia y que pide más inversión en cuidados paliativos, afirmó: «El gobernador Josh Green debe encargar una investigación independiente y urgente sobre el sistema de suicidio asistido de Hawái, que incluya cambios urgentes para garantizar que todas las muertes y complicaciones queden debidamente documentadas e informadas, así como investigar si las supuestas garantías de la legislación actual protegen en la práctica a las personas vulnerables».
«Las muertes notificadas han aumentado un 293% desde el primer año completo de aplicación de la ley, en 2019. La cifra real probablemente es mayor, dado que el Departamento de Salud ha admitido en el informe que no se están documentando todos los suicidios asistidos», añadió.
«Hawái tuvo además la mayor proporción de muertes por suicidio asistido en el séptimo año natural completo de aplicación de su ley entre los estados de Estados Unidos que informan de esas muertes. Esto hace más urgente entender qué está impulsando este aumento y si las personas están protegidas a medida que crece su uso», prosiguió.
«El caso de la mujer de 88 años que, según se informa, hizo señas a su médico para que se detuviera mientras se ahogaba muestra por qué importan las garantías. Revela lo difícil que es, con esta ley, verificar si la persona se administra a sí misma los fármacos del suicidio asistido. Es también un fallo grave de las garantías frente a la coacción, puesto que la muerte puede producirse sin testigos independientes. Una investigación independiente debe determinar cómo introducir en el sistema cambios de fondo en las garantías de la ley para impedirlo», sostuvo Hungerford-Morgan.
«Una investigación debería establecer el número total de muertes, publicar la información que se tiene sobre las complicaciones y examinar cómo se detectan las muertes presuntamente ilegales. Las personas que se acercan al final de su vida merecen protección y los mejores cuidados posibles, no un camino hacia el suicidio», concluyó.
Por su parte, el doctor Gregory Jackson, director de investigación de Right To Life UK, señaló: «Complicaciones evidentes como la muerte que tardó unas doce horas deberían preocupar por igual a partidarios y detractores del suicidio asistido. La ley obliga a los médicos a recoger datos sobre las complicaciones durante el suicidio asistido, pero, por razones desconocidas, el Departamento de Salud ha decidido no publicarlos. Eso genera una falta de transparencia en la que complicaciones graves pueden permanecer ocultas. Otros estados, como Oregón y California, recogen y publican esos datos, y Hawái debería hacer lo mismo».
«Las graves lagunas en la publicación de los datos exigen una corrección urgente, sobre todo a la luz del horrible presunto asesinato de 2024. Sin una recogida eficaz de datos existe un riesgo real de que algo así vuelva a ocurrir, o incluso de que ya haya ocurrido, sin que simplemente lo sepamos», concluyó Jackson.







