(LifeSiteNews/InfoCatólica) El Liberty Justice Center (LJC) ha enviado una carta al fiscal general de California, Rob Bonta, en nombre de un grupo de padres de familia preocupados, advirtiendo que aproximadamente 600 distritos escolares del estado están violando activamente la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos al ocultar a los progenitores cuando sus hijos solicitan cambiar de nombre, pronombres o identidad sexual en la escuela.
La ley que convierte a los padres en extraños
El fundamento de esta práctica es la Ley AB 1955, firmada en 2024 por el gobernador Gavin Newsom, que instruye a los distritos escolares a mantener en secreto frente a los padres cualquier información relacionada con los intentos de «transición de género» de sus hijos en el ámbito escolar. «En otras palabras», explicó Timothy Snowball, asesor jurídico sénior del LJC, «si tu hijo o hija empieza a usar un nombre diferente, a vestir ropa que no corresponde a su sexo o a usar el baño del sexo contrario, "punto en boca"».
La carta marca el lanzamiento de una nueva iniciativa denominada PARENTS (Aplicación y Cumplimiento de los Derechos Parentales para Garantizar la Notificación, la Transparencia y la Seguridad), cuyo objetivo es defender a los padres cuando los funcionarios públicos y los burócratas escolares intentan excluirlos de las decisiones sobre sus hijos. La iniciativa se centrará inicialmente en California, construyendo una red legal nacional.
Violación de la ley federal y de la Constitución
La carta del LJC señala que los 600 distritos escolares están violando la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA), así como las enmiendas Primera y Decimocuarta de la Constitución. Los padres tienen un derecho fundamental, reconocido por la Constitución, a dirigir la crianza, el cuidado y la educación de sus hijos. Bajo la FERPA, los padres tienen derecho a acceder a los registros educativos de sus hijos en cualquier escuela que reciba fondos federales.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos ya determinó que el Departamento de Educación de California viola la FERPA. La reciente resolución de la Corte Suprema en el caso Mirabelli v. Bonta establece con claridad que un conflicto con la ley estatal no justifica políticas que violen los derechos federales de los padres. En consecuencia, el LJC urge a Bonta —que era parte demandada en el caso Mirabelli— a asesorar a los distritos escolares de California para que se ajusten a la ley federal y a la Constitución.
El daño a los menores
«La disforia de género es una condición que tiene una incidencia importante en la salud mental de un niño, y las políticas que ocultan esa información a los padres probablemente violan los derechos de estos a dirigir la crianza y la educación de sus hijos», advirtió Snowball. «Tales políticas no solo arriesgan dañar a niños vulnerables, sino que, en la medida en que interfieren con los derechos federales de los padres, también exponen a esos distritos a reclamaciones federales, investigaciones del Departamento de Educación de los Estados Unidos y demandas civiles».
Las escuelas que continúen aplicando la AB 1955 enfrentan la posibilidad de perder la financiación federal, además de responsabilidad legal por violar los derechos constitucionales de los padres de familia. Para el LJC, el caso es claro: ninguna ley estatal puede anular las obligaciones constitucionales que vinculan a las instituciones educativas que reciben fondos del gobierno federal.
