Los obispos de Suiza respaldan la prohibición de las llamadas «terapias de conversión»
Las dos torres gemelas de la iglesia de San Leodegar, conocida como Hofkirche, se alzan sobre la orilla del lago en Lucerna, Suiza. | Crédito: salko3p/Shutterstock

Los obispos suizos y la agenda LGBT

Los obispos de Suiza respaldan la prohibición de las llamadas «terapias de conversión»

La Conferencia Episcopal Suiza se pronunció a favor de una ley nacional que prohíba las «medidas de conversión» dirigidas a personas de tendencia homosexual, argumentando que ciertas prácticas pueden constituir «abuso espiritual».

(EWTN News/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal de Suiza emitió el 26 de mayo una declaración en la que respalda una futura ley nacional que prohíba las llamadas «medidas de conversión» dirigidas a personas que se identifican como LGBT, si bien establece tres condiciones que considera indispensables para que cualquier legislación sea aceptable.

En su declaración, los obispos afirman rechazar las medidas de conversión «en todas sus formas»: «Las prácticas orientadas a cambiar o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género contradicen la dignidad de la persona como imagen de Dios y pueden causar un daño considerable». Definen estas prácticas como la influencia deliberada ejercida mediante presión, culpa, amenazas, aislamiento, devaluación o miedo religioso. Sin embargo, precisan que la conversación abierta y respetuosa en la que la persona reflexiona libremente sobre su situación no cae bajo esa definición.

«Abuso espiritual» en nombre de Dios

La Conferencia Episcopal reservó su lenguaje más severo para el ámbito religioso: «En un contexto religioso, tales prácticas pueden convertirse en abuso espiritual cuando se avergüenza, amenaza o manipula a las personas en nombre de Dios». La pastoral de la Iglesia, añaden, nunca puede ejercer presión ni avergonzar, y las medidas de conversión son incompatibles con la auténtica atención pastoral católica.

Los obispos respaldan la Moción 22.3889, actualmente ante el Parlamento helvético, que busca prohibir y penalizar la oferta, facilitación y publicidad de medidas de conversión —«especialmente para proteger a menores y personas vulnerables»—, con tres condiciones para cualquier ley: una definición clara que capture las prácticas de «conversión» propiamente dichas; una delimitación precisa que evite criminalizar la pastoral, la consejería y la psicoterapia profesional; y acceso efectivo a apoyo y canales de denuncia para los afectados.

El contexto doctrinal que los obispos dejan implícito

Es relevante contrastar esta postura con la doctrina de la Iglesia que el mismo artículo reconoce: el Catecismo enseña que los actos homosexuales son «intrínsecamente desordenados» y que «en ningún caso pueden ser aprobados» (n.º 2357), y que las personas con tendencias homosexuales están llamadas a la castidad y a acercarse «gradual y decididamente a la perfección cristiana» mediante la oración y la gracia sacramental (n.º 2359). La carta de 1986 del entonces cardenal Ratzinger —futuro Benedicto XVI— enseñó que los pastores deben «alentar a la persona homosexual a llevar una vida casta» y que presentar la actividad homosexual como «una opción moralmente aceptable» es algo que «no es» admisible.

Una ola legislativa que avanza en Europa

A finales de abril, el Parlamento Europeo votó a favor de una prohibición a nivel europeo de las llamadas terapias de conversión, y el 13 de mayo la Comisión Europea anunció que recomendaría —sin carácter vinculante— a los estados miembros que prohíban estas prácticas. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero la presión continental es evidente.

La Iglesia Protestante Suiza publicó su propio comunicado el mismo día, también sumándose a la prohibición. El Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Conferencia Episcopal Austriaca advirtió en 2023, ante un proyecto similar en Austria, que una prohibición formulada de manera demasiado amplia podría arrastrar en su red a la consejería seria y al acompañamiento pastoral de personas con sexualidad en conflicto, restringiendo la libertad religiosa en lo que toca al ministerio de confesores, agentes pastorales y laicos.

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