(InfoCatólica) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es recibido hoy en audiencia privada por el Papa León XIV en el Vaticano, en su primer encuentro directo desde el inicio del pontificado. Mientras la agenda oficial de la visita incluye inmigración, inteligencia artificial y los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, el jurista Ramón de Meer, doctor y profesor universitario de Filosofía del Derecho, Teología e Historia Antigua y Medieval, advierte en una extensa entrevista de que el Gobierno podría intentar arrancar del Santo Padre una autorización para intervenir en el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, conforme al proyecto de resignificación que nueve recursos judiciales tienen en entredicho.
Una estrategia de «hecho consumado»
De Meer sostiene que el Ejecutivo ha desplegado una «estrategia de comunicación performativa» consistente en presentar como existente o prácticamente cerrado un acuerdo con la Santa Sede que, según la propia Conferencia Episcopal Española (CEE), no consta formalizado. El jurista recuerda que, tras la publicación del documento firmado en marzo de 2025 por el Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y el ministro Félix Bolaños, el Gobierno deslindó al cardenal reduciéndolo al papel de «simple mediador», al tiempo que aseguraba disponer de un acuerdo directo con la Santa Sede. El propio Bolaños, señala De Meer, corroboró esta versión en una entrevista posterior en La Sexta.
¿Por qué el Gobierno, tal como ha propuesto el presidente de la CEE, no parece terminar de sentarse a la mesa con los monjes para cerrar un acuerdo razonable con relación a la pretendida resignificación política e ideológica de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos?
Ramón de Meer: Bueno, si en efecto todavía no se ha dado esa interlocución directa de los monjes con el Gobierno, cosa que desconozco, es fácil deducir la razón. Porque, aun después de la sorprendente y fallida intervención del cardenal Cobo en favor del Gobierno, sobradamente conocida, el Ejecutivo ha dado suficientes muestras públicas de no haber cejado en el intento de obtener directamente de la Santa Sede una aceptación explícita que le permita intervenir en el acceso y en el interior de la basílica conforme al proyecto de resignificación --en efecto, de naturaleza política e ideológica-- al que usted se refiere.
De hecho, en un artículo publicado por El País hace algunas semanas, el Gobierno deslindaba ya al cardenal Cobo del documento que había firmado, reduciendo su papel al de simple mediador, pero anunciando simultáneamente que disponía de un acuerdo directo con la Santa Sede. En este sentido, el ministro Bolaños corroboró lo mismo en una entrevista posterior realizada en La Sexta.
Y ahí es donde muchos perciben una evidente estrategia de comunicación performativa o de hecho consumado: presentar públicamente como existente o prácticamente cerrado un acuerdo que todavía no consta formalizado, contribuyendo así a generar una percepción de inevitabilidad y a preparar el terreno político y mediático para intentar consolidarlo posteriormente. Y en este contexto, de pronto y para sorpresa de propios y extraños, el presidente Sánchez viajará a Roma para ser recibido en audiencia por el Santo Padre.
¿No se trataría de una pretensión sin recorrido alguno? La Santa Sede no podría aceptar nunca un proyecto de resignificación que implica de forma clara y pública la profanación práctica de un templo. No parece posible que la Santa Sede, nada menos que de la mano del Santo Padre según podría pretender el Gobierno, viole el Código de Derecho Canónico y burle el derecho constitucional de los fieles a la libertad religiosa, con grande y lógico escándalo por parte de estos, estableciéndose un antecedente incontrolable. A eso hay que añadir que, según el Secretario General y portavoz de la CEE, en su comparecencia pública al final de la última Asambleas Plenaria, manifestó que el Vaticano no había participado en firma alguna, remarcando que ningún representante del Vaticano había firmado nada.
R: En efecto, esas dos barreras jurídicas han sido señaladas públicamente por los propios monjes del Valle en La Tercera de ABC recientemente publicada por su representante. Sobre ello, yo mismo tuve la oportunidad de publicar un informe, donde por supuesto se contemplaban los alcances protectores del derecho canónico y el derecho constitucional, pero también otros aspectos jurídicos de incluso mayor calado. Además, en el mencionado artículo de ABC, los monjes se ponían a disposición del Gobierno para negociar una solución satisfactoria para todas las partes, atendiendo así la petición formulada al respecto por el presidente de la Conferencia Episcopal Española en su discurso de apertura de la misma Asamblea plenaria a la que usted hace referencia. Pero que ningún representante de la Santa Sede haya firmado nada hasta la fecha, no quiere decir que no se pudiese pretender que lo hicieran ahora. El Gobierno ya lo ha manifestado y en el próximo viaje del presidente Sánchez para entrevistarse con León XIV, podría perfectamente intentar cristalizar esta inaudita pretensión, con el apoyo ante el Santo Padre de la jerarquía eclesiástica que incomprensiblemente ha defendido el proyecto del Gobierno.
¿Por qué cree plausible esa posibilidad en la que el Gobierno sigue confiando para poder saltarse a los monjes, obteniendo por fin directamente de la Santa Sede autorización para intervenir en la basílica conforme al actual proyecto ganador del concurso de resignificación?
R: Por lo dicho anteriormente. Porque el próximo día 27 el presidente Sánchez será recibido en Roma por el Santo Padre y resulta razonablemente probable que plantee la conveniencia de resolver la única controversia relevante que permanece hoy abierta entre el Gobierno y la Iglesia, una vez encauzadas cuestiones como el régimen fiscal, las inmatriculaciones o las indemnizaciones derivadas de los casos de pederastia. Incluso podrían apelar a conversaciones con el difunto Papa Francisco, en las que supuestamente habría aceptado verbalmente las pretensiones del Gobierno.
El hecho de que los monjes hayan cumplido con su ineludible obligación de interponer un recurso judicial parece preocupar al Gobierno; señal de que son conscientes de la nula solidez jurídica de sus pretensiones y de que prevén un resultado adverso al final del proceso. A un Gobierno como el encabezado por Sánchez, presionar y amenazar forman parte de su modus operandi habitual y, es comprensible esperarlo, no dudarán en tratar de involucrar nada menos que al Santo Padre en un asunto, aparentemente complejo, pero en realidad muy sencillo: la inviolabilidad de los lugares de culto.
¿No cree entonces que podamos estar tranquilos ante ese posible intento del presidente Sánchez en el Vaticano, nada menos que ante el Papa León XIV?
R: Podríamos estarlo sin ningún género de dudas, pero solo en el caso de que el Santo Padre disponga de información suficiente, precisa y plenamente veraz acerca de las pretensiones ya publicadas por el Gobierno respecto al acceso y al interior de la basílica. Ya es algo inaudito, como usted observa, que todo un presidente del Gobierno del reino de España plantee nada menos que al Romano Pontífice, un asunto que no debía haber salido nunca del ámbito de la comunidad benedictina y de los responsables gubernamentales directamente implicados en la controversia.
Pero la actuación unilateral del cardenal Cobo, asumiendo competencias que excedían su papel como mediador, ha generado una controversia sin sentido y alimentado unas expectativas en el Gobierno que carecen de razonabilidad y sustento legal alguno. Si, como afirma el cardenal Cobo, también el Secretario de Estado estuvo detrás de todo este desaguisado desde el principio, comprenda usted que no es para estar tranquilos.
¿Qué le hace dudar al respecto de que el Papa reciba o no información veraz?
R: Bueno, reitero que las dos principales figuras eclesiásticas implicadas en este asunto han sido el cardenal Cobo y, según ha afirmado el propio cardenal Cobo, también el cardenal Parolin. Se supone, por tanto, que han sido ellos quienes han informado o informarán al Santo Padre León XIV antes de su entrevista con el presidente Sánchez.
¿No cree que aportarán información objetiva al Santo Padre antes de esa importante reunión con el presidente Sánchez, curiosamente unos pocos días antes de que necesariamente se vean también en España?
R: El cardenal Parolin no ha realizado ninguna declaración pública sobre esta cuestión. El cardenal Cobo sí lo ha hecho, tanto en la COPE como en Alfa y Omega, afirmando de manera sorprendente que el proyecto ganador respeta los principios del «acuerdo» firmado por él y, por tanto, que no afecta a la basílica ni a su acceso. Conviene recordar que se trata de un documento firmado con el ministro Bolaños sobre una basílica respecto de la cual ninguno de los dos posee competencia directa, además de estar diametralmente en contraposición con los establecido por el Código de Derecho Canónico sobre los lugares de culto.
Que Roma avale los alcances de ese documento firmado con el ministro Bolaños, ayudaría a suavizar el serio deterioro que se ha producido en la imagen que se espera de un pastor responsable, prudente y capaz de administrar una archidiócesis tan importante como la de Madrid. Lo mismo sucedería con el cardenal Parolin, si en efecto estuvo involucrado en la firma de ese documento. El cardenal Parolin carece también de competencia sobre los monjes y sobre la basílica; de querer satisfacer como el cardenal Cobo las pretensiones del Gobierno, necesitaría una delegación directa del Romano Pontífice.
Si son ciertos los rumores sobre su inminente traslado a la archidiócesis de Milán, poco tendría que perder en un último intento por satisfacer las pretensiones del Gobierno de Sánchez. Insisto que hago esta conjetura basándome en la afirmación del cardenal Cobo de que el todavía Secretario de Estado estuvo involucrado en este borrascoso asunto desde sus inicios. Lo cual, por otra parte, es difícil de creer en un alto jerarca de la Iglesia con su amplia experiencia.
Ahora se comprende mejor su preocupación. En efecto ese documento sorprendió mucho, porque los planos y textos explicativos publicados por el propio Gobierno indican de manera clara justamente lo contrario: según el proyecto ganador se profana la basílica exceptuando el altar y los bancos adyacentes. Pero también es cierto lo manifestado por el delegado de Liturgia de la Archidiócesis de Madrid ante el jurado para la selección de propuestas del concurso para la resignificación del Valle, actuando como asesor religioso nada menos que en representación de la Iglesia católica. Según los monjes, en La Tercera de ABC mencionada firmada por su representante, dicho delegado de Liturgia de la Archidiócesis afirmó expresamente, de acuerdo con su arzobispo y con los monjes, que el Gobierno no podía intervenir en el interior de la basílica y que disponía de espacio suficiente en el exterior para desarrollar sus actuaciones de resignificación.
R: Exactamente. Y por eso surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué, una vez publicado el proyecto ganador y, no obstante la intervención del delgado de Liturgia y las propias notas informativas publicadas con anterioridad por la propia archidiócesis de Madrid, -- acusando al Gobierno de no haber tenido en cuenta a la Iglesia católica--, el cardenal Cobo sostuvo e insistió posteriormente en que dicho proyecto no afectaba a la basílica? La explicación parece encontrarse en que él mismo había firmado previamente, a propuesta del ministro Bolaños, el polémico planteamiento de origen según el cual en un templo únicamente serían lugares de culto el altar y los bancos adyacentes, aceptando con su firma que el resto de la basílica, -- atrio, vestíbulo, nave y cúpula--, no son lugares de culto y el Gobierno podía proceder a su resignificación.
¿Cree usted que esa disparidad de planteamientos ha sido percibida por otros miembros de la jerarquía eclesiástica, siquiera en la Iglesia española? ¿Contó el cardenal Cobo con la aprobación de los monjes, antes de suscribir el citado documento?
R: Estoy seguro de que esa disparidad se percibe, y cada vez con mayor claridad. Al menos así me lo han corroborado en privado obispos a los que tengo acceso y numerosos sacerdotes, no solo de la archidiócesis de Madrid, sino también de otras diócesis españolas e incluso de fuera de España. Resulta difícil no advertir la contradicción existente entre esa posición y las afirmaciones realizadas previamente por su propio delegado de Liturgia ante el jurado, así como con el contenido de las referidas notas informativas previas. Todo ello conforma un escenario confuso, errático y ciertamente preocupante.
Y no, no creo que los monjes tuvieran el menor conocimiento previo de lo que había firmado el cardenal Cobo. De otro modo, difícilmente se explicaría que hayan acudido a la vía judicial para defender aquello que dicho cardenal entregó unilateralmente al Gobierno, afortunadamente sin competencia para ello. Tampoco la Conferencia Episcopal Española estuvo involucrada, como ella misma se ha encargado de aclarar pública y reiteradamente.
He de confesar que todavía no salgo de mi asombro ante el contenido del documento firmado por el cardenal Cobo, a propuesta del ministro Bolaños y sin que hubieran transcurrido siquiera veinticuatro horas desde su recepción. ¿Qué pudo impulsarle a actuar de una manera tan impropia y desconcertante en la alta jerarquía de la Iglesia?
Respeto profundamente a mis pastores y, precisamente por ello, creo que el cardenal Cobo, por el bien de sus fieles y de su propia responsabilidad pastoral, debería ofrecer una explicación suficiente o, al menos, reconocer que incurrió en un grave e injustificable error. Se comprende y es humano errar; lo que no tiene lógica alguna es perseverar en el error, no obstante además el revuelo que ha levantado y el problema de imagen que le ha creado.
Tiene usted razón y es fácil compartir esa sorpresa, pero el cardenal Cobo, según él mismo ha manifestado, parece haberse deslindado completamente del asunto. Si esto es realmente así, y el escenario que usted plantea se hace realidad, será pues el cardenal Parolin quien informe al Santo Padre y no estamos seguros de que coincida con el inexplicable planteamiento del arzobispo de Madrid.
R: El temor surge precisamente porque, según el propio cardenal Cobo como decía antes, todo se habría hecho por su parte con el conocimiento del cardenal Parolin. De ahí que muchos teman que el Secretario de Estado pueda sostener ante el Santo Padre que el proyecto gubernamental no afecta realmente a la basílica y que, en consecuencia, debería aceptarse la petición del presidente Sánchez para proceder a su resignificación.
Pero cuesta entender cómo el cardenal Parolin --que, al igual que el cardenal Cobo, carece de competencia directa sobre los monjes y sobre la basílica abacial-- podría revertir la posición pública y jurídicamente fundamentada que los monjes han hecho valer, incluida la legítima interposición de un recurso contencioso-administrativo. Aunque el presidente Sánchez regresara de Roma afirmando contar con el respaldo de León XIV, los monjes seguirían siendo los únicos legitimados para defender la sacralidad del templo. No bastan las declaraciones públicas de nadie para revertir la situación que estamos comentando. Como usted ha indicado, declaraciones parecidas hizo hace poco el ministro Bolaños, y fue la propia CEE la que lo desmintió.
R: De acuerdo, pero eso podría cambiar como he dicho antes. El escenario que algunos contemplan sería el siguiente: que el cardenal Parolin pidiera al Santo Padre que delegara directamente en él, como Secretario de Estado, la resolución de esta controversia con el Gobierno español, argumentando por ejemplo que los monjes mantienen una posición excesivamente rígida o insuficientemente consciente de determinadas supuestas implicaciones políticas y diplomáticas del asunto. En ese contexto podría apelar también a la conveniencia de cerrar esta cuestión antes del futuro viaje de Su Santidad a España, evitando que la visita del Papa a España se viese supuestamente enturbiada por la controversia en torno a la basílica con el Gobierno. No puedo evitar recordar algunas actuaciones problemáticas del actual Secretario de Estado, especialmente la singular situación en la que ha dejado inmersos a los católicos chinos fieles a Roma durante muchas décadas.
Francamente, cuesta imaginar que pudiera darse una actuación tan arbitraria y escandalosa, especialmente por parte de un Papa que ha insistido tanto en el respeto a los procedimientos, en la importancia del Derecho Canónico y en la necesidad de evitar abusos de poder. No ha actuado así ante el poderoso presidente de los EEUU de su misma nacionalidad. ¿Por qué habría de hacerlo en un asunto tan serio y delicado ante el actual presidente del Gobierno de España? No me cabe en la cabeza que pudiese darse una situación tan irracional.
R: Yo también quiero creerlo. Insisto que el problema es que León XIV no haya sido informado por los suyos de una manera leal, objetiva y veraz. No obviemos que en torno a este asunto se han producido desde el principio situaciones muy difíciles de comprender y actuaciones difícilmente conciliables con la lógica canónica y jurídica ordinaria. Y todo ello se ha hecho público sin que haya existido un verdadero desmentido de fondo, salvo las aclaraciones aportadas en una sola ocasión por los propios monjes, quienes además han mantenido una actitud extraordinariamente generosa hacia el cardenal Cobo, probablemente conscientes del grave deterioro reputacional que este asunto ha terminado provocando en su pastor.
¿Cómo cabe explicarse una posición tan extraña por parte del cardenal Cobo y, según él mismo ha declarado, también del cardenal Parolin, al menos hasta que el primero decidió deslindarse aparente y completamente del asunto? ¿Cómo aplicar un mínimo de lógica y razonabilidad a una actitud tan colaborativa y aparentemente empecinada por satisfacer las pretensiones del Gobierno en el interior de un templo consagrado a Dios?
R: Le aseguro que me he formulado esa pregunta en numerosas ocasiones. Y sinceramente no he encontrado todavía una respuesta mínimamente satisfactoria que permita comprender una actuación tan alejada de la lógica jurídica y canónica, del más elemental sentido común y del deber de prudencia que cabría esperar ante un asunto de semejante gravedad. Resulta difícil entender cómo no se valoró desde el primer momento el enorme escándalo que una actuación así podía provocar entre miles de fieles, ni el gravísimo deterioro reputacional que inevitablemente terminaría afectando a quienes aparecieran vinculados a ella. Por eso digo que, más allá de cualquier hipótesis o intento de explicación, sigue siendo para mí un verdadero misterio.
Porque se puede entender el sectarismo ideológico que caracteriza a algunas altas autoridades del Gobierno y su obsesiva pretensión de intervenir nada menos que en el interior de un templo; lo que es del todo incomprensible es que hayan contado con la colaboración del cardenal Cobo y, según este, también del cardenal Parolin. Lo dicho, el asunto representa todo un misterio para mí.
¿Qué podrían hacer los monjes ante una hipotética delegación formal del Santo Padre que recayese en el cardenal Parolin, dejando a los monjes al margen del asunto?
R: No sé qué harían los monjes ante una situación tan grave. Habría que preguntárselo a ellos y no responden preguntas de nadie. Conviene recordar que llevan años sometidos a una presión constante y a amenazas de expulsión por parte de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, sin que hayan recibido, al menos públicamente, un apoyo claro de la jerarquía eclesiástica, sino más bien lo contrario. En esas circunstancias, sería humanamente comprensible que algunos se sintieran tentados a tirar la toalla y abandonar el Valle. No quiero imaginar lo que habrá supuesto para ellos la actuación del cardenal Cobo y me quito el sombrero ante su respetuoso silencio y el apoyo público posterior brindado al arzobispo de Madrid, omitiendo algunos hechos y aspectos que estamos esclareciendo en este momento.
Lo que sí no parece verosímil es que unos monjes benedictinos pudieran consentir en conciencia celebrar el culto en una basílica sometida a una intervención profana incompatible con su carácter sagrado, con las consecuencias canónicas y el escándalo de los fieles que de ello podrían derivarse. Porque, por supuesto, los fieles entre los que me encuentro, se escandalizarían si no fuese así, es decir, si una comunidad benedictina orante, escrupulosa con sus deberes religiosos y fieles a la Tradición y al Magisterio de la Iglesia, así como a su ley universal que obliga a todos, negociaran su permanencia y comodidad a cambio de consentir una profanación de la basílica abacial confiada a dicha comunidad por su Iglesia.
Suponiendo que no tirasen la toalla los monjes, ¿qué mecanismo de defensa les quedaría si se diera el escenario que plantea usted?
R: Si se tratase de una delegación formal y explícita del Santo Padre en el cardenal Parolin, los monjes podrían elevar un suplicatorio directamente al Papa, exponiendo con serenidad filial, rigor documental y pleno respeto eclesial el verdadero alcance del proyecto, su afectación al interior de la basílica y las razones canónicas, concordatarias y constitucionales por las que consideran que no puede admitirse una intervención profana en un templo no desacralizado.
¿Y si se tratase de una delegación verbal o informal, en virtud de la cual el cardenal Parolin tratase de avalar ante el Gobierno su pretendida intervención política e ideológica en la basílica?
R: En ese caso habría que distinguir. Una mera indicación verbal o informal, en principio, no sería fácilmente recurrible si no se traduce en un acto administrativo canónico concreto. Pero si los cardenales Cobo y Parolin, juntos o por separado, pretendiesen imponer a los monjes una solución contraria al Código de Derecho Canónico y lesiva para la libertad religiosa de los fieles, excediendo sus respectivas competencias, los monjes podrían activar las vías canónicas previstas frente a actos administrativos singulares. Eso exigiría respetar los procedimientos establecidos: primero, identificar el acto formal recurrible y, en su caso, acudir a los cauces de recurso jerárquico y, posteriormente, si procediera, a la Signatura Apostólica. Precisamente esos legítimos procedimientos existen para evitar arbitrariedades, abusos de autoridad y vulneraciones del orden jurídico de la Iglesia.
¿Los fieles tendrían alguna capacidad de reacción si los monjes no actuasen en consecuencia?
R: Sí. Los fieles no son sujetos pasivos en una cuestión de tantísimo calado para la Iglesia en España: la apertura a los gobiernos seculares de intervención ideológica unilateral en los templos. Contra esto deben usarse todas las armas. Primero, las del derecho positivo: la Constitución Española garantiza la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, y los Acuerdos entre España y la Santa Sede reconocen la inviolabilidad de los lugares de culto. Por tanto, si una actuación pública afectase de manera real al uso religioso de la basílica o introdujera en su interior elementos incompatibles con su carácter sagrado, los fieles podrían invocar sus derechos fundamentales ante las vías que correspondan en el ordenamiento jurídico español. Además, sin afirmar que todo el Código de Derecho Canónico forme parte en bloque del ordenamiento estatal, sí debe recordarse que los Acuerdos Iglesia-Estado reconocen efectos jurídicos relevantes a la organización y competencia propias de la Iglesia en materia de culto y lugares sagrados.
Por último, la inviolabilidad de un templo consagrado se defiende con firmeza desde una postura eclesiásticamente fuerte que los fieles podrían reclamar a sus pastores, para que defiendan la sacralidad de los lugares de culto que a ellos compete, en primer lugar, proteger. Algo que prácticamente no ha hecho nadie públicamente hasta la fecha, excepto Monseñor Jesús Sanz, fraile franciscano y arzobispo de Oviedo. Es doloroso decirlo, pero ya clama al cielo el silencio de los pastores a estas alturas.
¿No se podría dar el caso de que hubiese una contradicción entre lo establecido en el vigente Código de Derecho Canónico, que obliga también a la jerarquía eclesiástica, y las instrucciones que eventualmente pudieran recibir los monjes desde Roma en el supuesto escenario que estamos contemplando?
R: Claro que existiría una contradicción seria y grave si se pretendiera imponer una solución incompatible con el propio Derecho Canónico. Y sinceramente no cabe dudar que el Santo Padre pudiera sumarse conscientemente a algo así. Lo repito, la cuestión decisiva es otra: quién o quiénes han informado o podrían informar al Papa sobre el verdadero alcance del proyecto. Del cardenal Cobo ya conocemos las posiciones públicas que ha mantenido. Y si es cierta, según el propio cardenal Cobo, la implicación del cardenal Parolin desde el inicio de este asunto, resulta comprensible que algunos teman que tampoco exista desde esa instancia una oposición clara a las pretensiones del Gobierno. Incluso todo lo contrario.
¿Ante la posibilidad de que el Papa no estuviera siendo informado de manera plenamente veraz, como usted teme, cabría la posibilidad de que la comunidad benedictina informara directamente al Santo Padrea la mayor brevedad posible?
R: No tengo la menor idea de si los monjes contemplan realmente un escenario como el que estamos contemplando ni de cómo actuarían preventivamente. Pero, a la vista del silencio y de la prudencia que han desplegado hasta la fecha, no creo que unos monjes profundamente sensibles con la comunión espiritual y pastoral que debe imperar en el seno de la Iglesia --como han demostrado, por ejemplo, con su clara posición pero sin detrimento de un explícito apoyo público al cardenal Cobo, su pastor en la archidiócesis de Madrid-- optasen por saltarse los procedimientos canónicos y actuar directamente, por ejemplo acudiendo a la Prefectura de la Casa Pontificia para solicitar una audiencia con el Santo Padre o remitirle información objetiva y veraz basándose únicamente en posibles escenarios futuros, por muy plausibles que algunos puedan considerarlos.
¿No le parece el potencial escenario que estamos analizando, en efecto un poco surrealista y alejado de toda lógica?
R: No me cabe duda de que, sin haber hecho un exhaustivo seguimiento del caso, muchas personas puedan percibirlo así. Pero lo cierto es que los acontecimientos se han ido desarrollando hasta el momento en esa dirección y, precisamente por ello, las inquietudes que estamos planteando no resultan enteramente absurdas ni caprichosas.
Pues esperemos entonces estar equivocados y que, finalmente, el problema termine resolviéndose como hoy parece razonable, tras apartarse del asunto el cardenal Cobo: es decir, mediante un acuerdo satisfactorio entre el Gobierno y los monjes o, en su defecto, mediante una resolución justa y equilibrada por parte de los tribunales de justicia. El propio arzobispo de Madrid lo planteó públicamente de esta manera en el momento en que aparentemente se deslindó, siendo confirmada posteriormente por el presidente de la CEE.
R: Ojalá sea así. Creo sinceramente que esa sería la mejor salida para todos: para el Gobierno, para la Iglesia, para los monjes y, sobre todo, para los fieles. Porque lo verdaderamente importante aquí no es una victoria de tipo alguno de unos sobre otros, sino preservar con sensatez, justicia y respeto la sacralidad de un templo. No estamos en efecto principalmente ante una controversia política ni ideológica, sino antes de nada ante una pretensión del Gobierno que no tiene cabida ni en el orden natural, ni en el vigente ordenamiento jurídico estatal, ni en el Código de Derecho Canónico o los acuerdos de la Iglesia con el Estado para asuntos jurídicos.
La estrategia de continua polarización del Gobierno a la que pretende arrastrar a la sociedad española, un día sí y al otro también, como denunció Monseñor Luis Argüello en su discurso de apertura de la mencionada última Asamblea Plenaria de la CEE, no debe ser respondida sino con argumentos jurídicos y canónicos, alejándose de las provocaciones del ministro Bolaños acusando de poco o nada demócratas a quienes, como ha dicho públicamente, no están en este caso por la labor de que se profane una basílica consagrada. Una pretensión, por cierto, sin parangón en la Europa precisamente democrática de los últimos decenios.
Muchas gracias por su tiempo. Es evidente que ha hecho usted un seguimiento escrupuloso de los acontecimientos y ha publicado un extenso y pormenorizado artículo sobre los alcances jurídicos y canónicos sobre el asunto. ¿Le mueve algún interés especial?
R: Muchas gracias a usted por la entrevista. Me temo que ha resultado en exceso larga, pero usted pregunta y yo respondo. Creo que, en todo caso, es importante en este momento aportar toda la luz posible sobre la peculiar pretensión del Gobierno sobre la basílica y, basándose exclusivamente en hechos y escenarios plausibles, informar sobre cómo se han ido desarrollando las actuaciones de unos y otros, así como sobre los riesgos potenciales futuros, especialmente en este momento de ese próximo e inesperado viaje del presidente del Gobierno a Roma. Personalmente no me mueve otro interés que aportar, como católico y profesional del derecho, mi granito de arena, en la medida de mis posibilidades, al bien de la Iglesia; al de una comunidad benedictina digna de admiración por su mansedumbre, silencio y perseverancia, ante el abandono de unos y el acoso de otros; al de las justas reivindicaciones de los fieles --entre los que me encuentro-- y, por encima de todo, a mayor gloria de Dios y de una basílica cuya sacralidad y santidad le pertenecen.
