(InfoCatólica) Cerca de una decena de recursos judiciales impugnan el acuerdo firmado en marzo de 2025 entre el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para la resignificación del Valle de Cuelgamuros.
La documentación que sustenta las demandas, a la que ha tenido acceso Religión Confidencial (y que hace bien en presentar fotografía de ellas para que no se apropien otros de las exclusivas) revela una triple línea argumental:
- la basílica es un lugar sagrado inviolable protegido por tratado internacional,
- el arzobispo de Madrid carecía de competencia canónica para firmar en nombre de la abadía y
- cualquier uso civil del templo vulnera tanto el derecho concordatario como la Constitución española.
El recurso presentado por la comunidad benedictina ante la Audiencia Nacional ha paralizado de hecho el proceso de resignificación.
El acuerdo: qué se firmó exactamente
El intercambio de cartas entre Bolaños y Cobo, fechado los días 4 y 5 de marzo de 2025, iba acompañado de un documento titulado «Términos del Acuerdo acerca de las intervenciones que recogerá la licitación del concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros». Según su contenido, se conservaría como espacio de culto la zona del altar y las bancadas adyacentes, a salvo de intervenciones artísticas o museográficas. El resto del interior de la basílica (vestíbulo, atrio, nave desocupada y cúpula), «no destinado al culto», quedaría abierto a intervenciones de resignificación, que deberían ser compatibles con la celebración de actos litúrgicos. Se garantizaría un acceso independiente al espacio de culto por la entrada principal y el jurado del concurso contaría con un miembro propuesto por la Iglesia.
En su carta, Bolaños apelaba a las conversaciones mantenidas «tanto con usted como con el cardenal Parolin» y aludía a la «mutua voluntad del Gobierno y la Iglesia católica de alcanzar un acuerdo». El cardenal Cobo, en su respuesta al día siguiente, explicaba que, «al ser informados de los proyectos que el Gobierno de España quiere emprender», y tras contactos con la comunidad benedictina, el nuncio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el propio arzobispado, «todo ello bajo la coordinación de la Santa Sede, se acordó que fuese el arzobispo de Madrid quien iniciase la interlocución». Cobo añadía que había informado del contenido a la Secretaría de Estado vaticana.
Roma no firmó, pero coordinó
En la rueda de prensa de la última Asamblea Plenaria de la CEE, el obispo secretario general y portavoz, monseñor Francisco César García Magán, subrayó en varias ocasiones que «el Vaticano no ha sido parte firmante» de lo acordado hasta ahora entre el Gobierno y la Iglesia. Tampoco la Conferencia Episcopal ha rubricado documento alguno.
Sin embargo, la propia correspondencia publicada acredita que la Secretaría de Estado y el cardenal Parolin participaron activamente en las conversaciones previas, que Cobo actuó «bajo la coordinación de la Santa Sede» y que informó a Roma antes de responder al ministro. La afirmación de García Magán resulta así técnicamente precisa (la Santa Sede no estampó firma), pero informativamente incompleta a la luz de las cartas.
Un informe de la CEE de 2020 ya advertía de la inviolabilidad
Com publica en su primera entrega RConf. el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos de la CEE elaboró en diciembre de 2020, por iniciativa propia, un informe dirigido a monseñor Luis Argüello, entonces secretario general de la CEE, ante la inminente tramitación de la Ley de Memoria Democrática. El documento, firmado por el secretario técnico Fernando Lozano, pretendía «afrontar el tema desde una perspectiva estrictamente jurídica».
El informe establece que la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos «es un lugar sagrado de la Iglesia católica y, por tanto, inviolable», en virtud del artículo I.1 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español. Recuerda que el conjunto (basílica, abadía, hospedería, escolanía y locales adyacentes) es propiedad de la Fundación del Valle de los Caídos, creada por decreto-ley de 23 de agosto de 1957 como fundación pública con fines religiosos.
Los juristas de la CEE subrayan que el propio decreto-ley fundacional recoge el compromiso del Estado de que la presencia de la comunidad benedictina sea perpetua, salvo incumplimiento por parte de los monjes, «lo que no es el caso». Además, el papa Pío XII estableció la abadía «a perpetuidad» mediante la Carta Apostólica Stat Crux de 27 de mayo de 1958, de modo que, «habiendo sido erigida por un papa, solo otro papa podría extinguirla».
La desacralización, una vía cerrada
El mismo informe aborda la hipótesis de que el Gobierno extinguiera la Fundación. Tal medida, argumentan, «no privaría a la basílica y a la abadía de su carácter sagrado». Solo el arzobispo de Madrid podría desacralizar la basílica y el cementerio anejo, y únicamente previa autorización de la Santa Sede, dado que se trata de una basílica pontificia erigida por breve pontificio de 7 de abril de 1960.
En cuanto al cementerio, los juristas señalan que su conversión en cementerio civil requeriría la desacralización previa, pues de otro modo sería inviolable como cementerio religioso. «El cementerio, de alguna manera, forma parte de la basílica, pues se ubica en torno al crucero y a las capillas laterales», precisa el documento. La abadía, por su parte, cuenta con personalidad jurídica canónica y civil reconocida mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, y el Estado carece de competencias para cancelar ese asiento.
Solo el prior puede representar a la abadía
La segunda línea argumental de las demandas se sustenta en un informe pericial redactado por un jurista especializado en derecho civil y canónico, cuya identidad no ha sido revelada para evitar represalias.
El informe establece que la abadía de la Santa Cruz es una abadía sui iuris (exenta o independiente), constituida «para siempre» por Pío XII mediante la Stat Crux, e incorporada a la Congregación de Solesmes de la Orden de San Benito. Como tal, «es un ente canónico no sometido a la jurisdicción de ningún obispo, ni de ninguna Conferencia Episcopal, ni de la Secretaría de Estado de la Santa Sede».
La representación legal de la abadía corresponde exclusivamente a su abad o prior administrador, en virtud del canon 118 del Código de Derecho Canónico. «Cualquier otro órgano o autoridad eclesiástica, como puede ser un arzobispo, sea inhábil para firmar un acuerdo que afecta directamente a la abadía, y en consecuencia ese acto jurídico sea nulo», sostiene el peritaje. El argumento se refuerza con la cláusula tercera del Convenio de 1958 entre la Fundación y la Abadía de Silos, que encomienda expresamente la administración de los bienes al prior, «y no a otra autoridad».
Resulta significativo que el propio arzobispado de Madrid reconociera en un comunicado del 16 de abril de 2025 que su papel es «de acompañamiento, pero sin tener jurisdicción sobre la basílica ni sobre la comunidad religiosa que allí reside», y que la Iglesia «nunca ha sido promotora ni impulsora» de las actividades de resignificación. Esta autodefinición coincide sustancialmente con la tesis del peritaje canónico sobre la falta de legitimación del cardenal Cobo.
El uso civil de la basílica vulneraría el derecho internacional
La tercera línea argumental procede de un grupo de juristas especializados en derecho procesal y de la propiedad. Su escrito sostiene que la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) y el Real Decreto-Ley 10/2023 pretenden atribuir al conjunto del Valle un uso «civil y laico» supuestamente compatible con el culto, lo que vulnera los artículos 1.1 y 1.5 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 1979, que tienen rango de tratado internacional.
Dichos artículos garantizan el libre ejercicio de las actividades de la Iglesia, su derecho a organizarse libremente y la inviolabilidad de los lugares de culto y sus dependencias. Los juristas subrayan que «estos preceptos no distinguen en función de la titularidad del bien», de modo que la protección se extiende a todos los templos canónicamente erigidos con independencia de quién sea su propietario civil. Cualquier disposición que imponga un uso civil de la basílica vulneraría además el artículo 16 de la Constitución (libertad religiosa) y, en virtud del artículo 96, su modificación debería realizarse «de acuerdo con las normas generales del derecho internacional, nunca por normas del derecho interno».
Incluso si se derogaran los decretos fundacionales, el escrito sostiene que la basílica mantendría su condición de lugar de culto. Los cánones 1205 y 1212 del Código de Derecho Canónico determinan que los lugares sagrados solo pierden su dedicación si son reducidos a usos profanos por decreto de la autoridad eclesiástica competente, no por decisión unilateral del Estado.
Un precedente de 2011 ya señalaba la inviolabilidad
La documentación de los recursos recupera también las conclusiones de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, establecida por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011 y presidida por Virgilio Zapatero y Pedro González-Trevijano. Aquella comisión ya establecía que, «calificada por la ley como lugar de culto, la basílica es inviolable» y que «la actuación en el interior de la basílica debe contar con su autorización» eclesiástica. Recomendaba asimismo que no se alterase el interior del templo y advertía de que sus propuestas «serán inviables» sin «los más amplios consensos sociales y políticos».
Recurso benedictino y paralización del proceso
La comunidad benedictina del Valle de los Caídos ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional que ha paralizado el proceso de resignificación. Según Religión Confidencial, esta paralización habría provocado una reacción del Gobierno y una nueva visita de Bolaños al Vaticano. En el recurso, el intercambio de cartas y los términos firmados constituyen pieza clave para delimitar cuestiones que pueden afectar a la validez de todo el proceso.
