(NCR/InfoCatólica) Un año después de la última vez que llevó a sus dos hijas pequeñas a ver a su padre a la cárcel del distrito de Lahore, Komal Mushtaq sigue viviendo el sufrimiento de una familia rota por una acusación de blasfemia. La madre católica decidió dejar de llevar a las niñas a prisión cuando la mayor, hoy de 7 años, empezó a suspender sus exámenes mensuales tras contar en una sesión de orientación escolar el trauma que le producían aquellas visitas.
Mushtaq relató entre lágrimas el deterioro emocional de sus hijas y el dolor de la ausencia del padre. La última vez que las niñas lo vieron fue durante la Pascua de 2025. También recordó cómo se aferraban a él en las vistas judiciales y cómo la familia llegaba a sobornar a policías para poder permanecer juntos unos minutos. «Sus notas bajaban. Están creciendo. Echan de menos a su papá», dijo la mujer. Y añadió sobre aquellos encuentros: «Lloraban, agarrándole las manos. Querían que las cargara, que las abrazara».
Su marido, Imran Rehman, de 35 años, fue detenido por la Agencia Federal de Investigación de Pakistán en un banco de Lahore en septiembre de 2022. Según el parte oficial, habría compartido material blasfemo en un grupo de WhatsApp. Por ello fue acusado en virtud de las leyes pakistaníes sobre blasfemia, de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos y de disposiciones antiterroristas, delitos que pueden acarrear fuertes multas, cadena perpetua e incluso la pena de muerte.
Desde hace décadas, líderes de la Iglesia han advertido que las leyes sobre blasfemia se usan con frecuencia como arma para ajustar cuentas personales o apoderarse de bienes ajenos, provocando a veces incluso violencia de turbas antes de que exista una investigación seria. Pero las revelaciones más recientes apuntan, según la información recogida, a algo todavía más organizado.
Investigaciones de funcionarios policiales, observadores de derechos humanos y documentos judiciales apuntan a lo que algunos activistas describen como un «negocio de la blasfemia»: una presunta red que utilizaría las redes sociales para atraer a víctimas, en su mayoría musulmanes jóvenes de clase media baja, a conversaciones privadas en línea, a menudo por medio de mujeres que actuarían con identidades falsas. Posteriormente, esos intercambios serían utilizados presuntamente para acusar a los hombres de blasfemia y abrir la puerta al chantaje, la extorsión o la coacción.
El escándalo salió a la luz por primera vez en 2019, cuando un agente de la Agencia Federal de Investigación alertó a sus compañeros sobre irregularidades internas y denunciantes sospechosos. Después, un informe filtrado en enero de 2024 por la Rama Especial de la Policía de Punjab describió una red coordinada que atraería sistemáticamente a las víctimas para incriminarlas.
En octubre de 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un informe en el que pedía al Gobierno examinar los procedimientos de la Agencia Federal de Investigación y garantizar transparencia. Ese documento registró 767 detenciones relacionadas con blasfemia en Pakistán entre octubre de 2023 y julio de 2024, la mayoría de ellas en Punjab. Cinco detenidos, entre ellos una mujer de 22 años, murieron bajo custodia. Al menos 10 de los arrestados eran cristianos.
Según los registros de la cárcel del distrito de Lahore, siete cristianos siguen encarcelados allí por cargos de blasfemia, tres de ellos arrestados por la Agencia Federal de Investigación. Los obispos católicos de Pakistán, a través de la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz, colaboraron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la elaboración del informe.
Naeem Yousaf Gill, director ejecutivo de la Comisión Nacional para la Justicia y la Paz, resumió así el drama de los afectados: «El mayor problema es que las víctimas siguen sin ser escuchadas». También explicó que, con frecuencia, el acusado pasa a convertirse prácticamente en un desaparecido: «A menudo el acusado se convierte en una persona desaparecida. Se los llevan de sus lugares de trabajo, no de sus casas. Las familias pasan días, incluso meses, dando vueltas por las comisarías».
Agotadas por la prolongación de los procesos, al menos 101 familias presentaron una petición ante el Tribunal Superior de Islamabad para impugnar lo que consideran una red criminal que, en connivencia con la Agencia Federal de Investigación, habría logrado el arresto de 450 personas sobre la base de cargos fabricados. Sin embargo, sus esperanzas quedaron golpeadas en julio del año pasado, cuando una sala de apelación del mismo tribunal suspendió una sentencia anterior que ordenaba al Gobierno crear una comisión para investigar la presunta red de blasfemia.
La Comisión Nacional para la Justicia y la Paz ha mantenido una distancia prudente respecto de las protestas callejeras. Gill explicó el motivo con claridad: «Tenemos que mantener un perfil bajo». Y añadió: «Es extremadamente difícil desafiar a un sindicato que parece extraer fuerza tanto de grupos religiosos como de las fuerzas federales del orden. Los juicios en los tribunales inferiores suelen ser parciales».
El clima político sigue siendo inestable. El partido islamista Tehreek-e-Labbaik Pakistan fue prohibido en abril de 2021 tras protestas violentas a escala nacional relacionadas con cuestiones de blasfemia, pero la prohibición fue levantada ese mismo año después de negociaciones con el Gobierno. Aunque volvió a ser prohibido en octubre del año pasado, su ideología mantiene una influencia importante en la calle.
También ha aumentado la presión sobre abogados y activistas que defienden a los acusados. En enero, la abogada Imaan Zainab Mazari-Hazir y su marido fueron condenados en un caso separado relacionado con supuestas publicaciones en línea contrarias al Estado. Por su parte, el clérigo Muhammad Ali Mirza, que empezó a apoyar a las familias después de obtener en diciembre la libertad bajo fianza en su propia causa por blasfemia, sobrevivió a un ataque en su academia de Punjab el 15 de febrero.
Además, al menos ocho abogados y periodistas afirman haber recibido notificaciones en virtud de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de parte de la Agencia Nacional de Investigación de Ciberdelitos, tras denuncias vinculadas a la defensa pública de acusados en casos de blasfemia.
Komal Mushtaq asegura que esa presión ha llegado ya hasta su propia casa. Según su testimonio, funcionarios de la Agencia Federal de Investigación interrogaron y amenazaron a su hermano mayor por visitar a Rehman en prisión. «Le dijeron que revisarían su teléfono y que también lo arrestarían a él», relató.
Mientras tanto, la vida familiar queda suspendida en una espera dolorosa. Por las noches, el sueño le llega a Mushtaq a fragmentos. Durante la Cuaresma ayuna por la libertad de su marido. Y al acercarse una nueva Pascua, se prepara para seguir esperando. «Mis hijas preguntan cuándo volverá a casa su padre», dijo secándose las lágrimas. «Les digo que recen y esperen justicia. Eso es todo lo que nos queda».
La historia retrata con crudeza una situación en la que la acusación de blasfemia no solo arrastra a los encarcelados, sino que aplasta también a sus esposas, hijos y familiares. En Pakistán, donde el miedo y la intimidación pesan sobre quienes intentan defender a los acusados, el drama de estas familias cristianas refleja hasta qué punto una legislación ya de por sí gravísima puede convertirse en instrumento de abuso, persecución y destrucción de vidas.
