(The Catholic Leader/InfoCatólica) Líderes de la Iglesia en Australia han expresado preocupación y han cuestionado el rumbo de la sociedad tras un aumento descrito como impactante en las muertes por eutanasia y suicidio asistido facilitadas por la legislación de «muerte asistida voluntaria» (VAD, por sus siglas en inglés) vigente en distintas jurisdicciones del país.
Las cifras difundidas en un reporte periodístico indicaron que más de 7.200 personas han muerto mediante VAD desde que se convirtió en legal en Australia en 2019. En el último año fiscal, el número anual alcanzó 3.329 muertes, un salto que ha provocado alarma y ha reavivado el debate sobre el tipo de respuesta que se está ofreciendo a quienes atraviesan enfermedades terminales.
Dentro de ese panorama, Queensland aparece como la jurisdicción con el mayor número total de muertes por VAD: 2.110. El dato resulta aún más significativo porque la eutanasia solo comenzó a estar disponible allí en enero de 2023. A juicio de diversos líderes eclesiales, el crecimiento en un período relativamente breve deja al descubierto un sistema que está normalizando la eliminación deliberada de la vida humana en vez de reforzar el acompañamiento integral.
El obispo de Townsville, Tim Harris, afirmó que «aprender que Queensland lidera el camino en términos de muertes por VAD es un descubrimiento impactante». Y añadió: «Esto no es motivo de orgullo y es más bien una acusación contra el sistema que se ha montado para facilitar un horror como el suicidio sancionado por el Estado».
El prelado vinculó esta realidad con la falta de financiación adecuada para los cuidados paliativos. «Este es el camino que los gobiernos han proporcionado para los enfermos terminales sin ninguna financiación seria o adecuada de los cuidados paliativos», sostuvo. En su valoración, la eutanasia no sería presentada como alternativa si las autoridades cumplieran su deber de cuidar: «He dicho muchas veces antes que la VAD no sería necesaria si los gobiernos se tomaran sus responsabilidades en serio y proporcionaran un régimen de atención que apoyara la vida en lugar de confabularse para quitarla».
También el obispo auxiliar de Sídney, Danny Meagher —delegado episcopal para el grupo de trabajo sobre eutanasia de la Conferencia Episcopal Católica Australiana— calificó los números de «extremadamente preocupantes». En su análisis, las cifras sugieren una fractura social más profunda: «Indica que los ancianos y enfermos de nuestra comunidad carecen de cualquier sentido de pertenencia como para que elijan la muerte». Y agregó: «Indica una falta de cuidado y apoyo a nuestros vulnerables».
Meagher se preguntó qué tipo de sociedad se está construyendo cuando la respuesta al sufrimiento se orienta hacia la muerte provocada. «Necesitan más cuidados paliativos, especialmente en nuestras regiones», afirmó. Y advirtió: «Es terrible pensar que, por falta de atención médica adecuada, la gente esté eligiendo terminar con su vida».
En el período de reporte 2024-25, Queensland registró 1.072 muertes por VAD. Nueva Gales del Sur informó 1.028 en su primer año completo de funcionamiento del sistema, mientras que Victoria consignó 389.
El director del Plunkett Centre for Bioethics de la Australian Catholic University, el profesor asociado Xavier Symons, atribuyó el aumento de muertes por VAD a la permisividad de la legislación en los distintos estados. Según explicó, el crecimiento más lento en Victoria, año tras año, frente a Nueva Gales del Sur, se debe a que su marco legal está más estrechamente delimitado.
Symons indicó una diferencia concreta entre jurisdicciones: «Una diferencia clave con Nueva Gales del Sur es el hecho de que en Victoria actualmente la autoadministración es la opción por defecto, mientras que en Nueva Gales del Sur se puede elegir entre autoadministración o administración por un médico». Y señaló un factor psicológico que influiría en las decisiones: «La gente parece sentirse más cómoda cuando un médico administra los fármacos en lugar de hacerlo por sí misma».
El bioeticista advirtió además que a la sociedad se le habría prometido algo muy distinto sobre el alcance real de la eutanasia: «A los australianos se les vendió el mito de que la eutanasia sería muy rara». Sin embargo, afirmó: «La realidad es que se está normalizando». En su lectura, el crecimiento de casos está cambiando el modo de pensar sobre la muerte y empuja a más personas a optar por la eutanasia si enfrentan una enfermedad terminal prolongada.
Symons expresó además una preocupación particular: «Me preocupa que haya un impulso para la eutanasia de personas con demencia». Y advirtió de las consecuencias: «Esto sería desastroso y marcaría un punto bajo sobre cómo nuestra sociedad trata a sus miembros más vulnerables».
La situación australiana se coloca así dentro de un contexto más amplio: otros países enfrentan también las consecuencias de leyes de eutanasia, mientras algunos debaten la aprobación de nuevas normativas. En Italia, el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, reafirmó la oposición de la Iglesia a estas prácticas. «La dignidad humana no se mide por la eficiencia o la utilidad», declaró. Asimismo, advirtió que las leyes que legitiman el suicidio asistido o la eutanasia «corren el riesgo de debilitar el compromiso público con los más frágiles y vulnerables, que a menudo son invisibles».
