(InfoCatólica) La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado la aprobación de la regularización extraordinaria de inmigrantes, una medida adoptada este martes en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos.
El organismo eclesiástico considera esta iniciativa «un acto de justicia social» y ha exigido a las administraciones públicas que establezcan «cauces adecuados y suficientes» para garantizar su correcta implementación.
La regularización pretende ofrecer respuesta a cientos de miles de personas que, aunque contribuyen al desarrollo económico del país, permanecen en situación irregular debido a las limitaciones del actual Reglamento de Extranjería.
Una medida respaldada por la Iglesia tras años de trabajo
Monseñor Fernando García Cariñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol y responsable del Departamento de Migraciones de la CEE, ha manifestado que el inicio de este proceso «nos parece una muy buena noticia» y ha subrayado que «han sido muchas las conversaciones, los diálogos, los encuentros con los diversos actores políticos para llegar hasta aquí». El prelado ha expresado que la decisión «nos llena de esperanza» y ha valorado que sirve «para poner luz y esperanza a la situación de muchas inmigrantes que se situaban en tantas ocasiones en la vulnerabilidad y al borde de la exclusión social».
La posición de la CEE se enmarca en un trabajo conjunto de cuatro años desarrollado por entidades eclesiales que impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre regularización. La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la CEE conforman el denominado Grupo Eclesial de apoyo a la ILP, que logró concitar el respaldo de más de 900 organizaciones y recabar más de 600.000 firmas. La iniciativa fue tomada en consideración en el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024 con amplia aprobación parlamentaria.
Un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería
Las entidades eclesiales consideran que la regularización extraordinaria constituye «un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias». El actual Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, ha supuesto avances en determinadas cuestiones, pero adolece de lagunas significativas y ha experimentado ajustes frecuentes que, según el Grupo Eclesial, ameritarían su reforma para consolidar los progresos.
El reglamento vigente excluye a numerosos colectivos vulnerables que las entidades eclesiales acompañan diariamente: personas que no pueden acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; personas indocumentadas que no logran acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos; personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, situación de sinhogarismo o enfermedad crónica; trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no consiguen presentar un contrato formal previo debido a la lentitud administrativa; solicitantes de protección internacional denegada que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad; y familias con menores en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.
El 68% de los migrantes en situación irregular sufre exclusión social
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de inmigrantes residen en España. La situación administrativa irregular provoca que el 68% de quienes se encuentran en esta circunstancia sufra exclusión social. Los últimos datos publicados por Cáritas revelan que el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Esta cifra no ha dejado de crecer desde 2019, evidenciando la relación directa entre irregularidad administrativa y exclusión social que las entidades eclesiales han constatado en su labor cotidiana de acompañamiento.
El obispo García Cariñanos ha enfatizado que la regularización extraordinaria permitirá «poner luz y esperanza» a personas que «con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular». Con esta medida, ha añadido, «van a poder tener cauces para una mayor integración en nuestra sociedad, que es el objetivo final de esta medida, y así podrán contribuir con todas sus fuerzas con todo su ser al bien de esta sociedad de acogida».
Llamamiento a la responsabilidad de las administraciones
La Conferencia Episcopal ha instado a las administraciones públicas a que «habiliten los cauces adecuados y suficientes» para que la regularización extraordinaria «pueda vehicularse de la mejor manera posible y siempre al servicio de las inmigrantes». Este llamamiento subraya la preocupación de la Iglesia por garantizar que la medida no quede en papel mojado y se traduzca en mejoras reales para las personas afectadas.
Las entidades eclesiales han destacado que esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por constituir «una medida de responsabilidad política, ética y social». El Grupo Eclesial ha celebrado la «inmensa labor de diálogo» desarrollada durante años y considera que «ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión».
Monseñor García Cariñanos ha destacado que, «por encima de intereses políticos», la medida «sirve para poner luz y esperanza» a la situación de vulnerabilidad de muchas inmigrantes. La Iglesia confía en que el proceso de regularización se desarrolle con la agilidad y los recursos necesarios para cumplir su objetivo de integración social y reconocimiento de derechos.






