(CWR/InfoCatólica) Inglaterra y Gales registraron en 2023 un nuevo máximo histórico de abortos. Las cifras publicadas para ese año muestran un incremento del 11% respecto a 2022, al pasar de 250.000 a 270.000 abortos.
El rasgo dominante de ese aumento es la generalización del aborto químico. Se indica que casi el 90% de los abortos se llevó a cabo mediante píldoras abortivas, mientras el aborto quirúrgico continúa perdiendo peso. La mayoría de los abortos se concentró en etapas muy tempranas de la gestación, entre las dos y las nueve semanas.
Las cifras ofrecen también una comparación de tasas a lo largo del tiempo: 12,3 abortos por cada 1.000 mujeres en 2023 frente a 7,1 por cada 1.000 en 2013. Junto a ello, se recoge un dato especialmente significativo: alrededor del 40% de las mujeres que abortaron en 2023 ya había abortado anteriormente, lo que refleja la consolidación de un patrón de repetición.
En paralelo, se aportan datos sobre líneas de ayuda al embarazo. En 2025, la línea de ayuda de Heartbeat International habría recibido 1,3 millones de llamadas y Option Line habría triplicado el volumen de llamadas ese mismo año. Se afirma además que, en más del 90% de los casos, quienes llaman son hombres y mujeres en riesgo de recurrir al aborto.
Dentro de ese servicio de derivación, se sostiene que nueve de cada diez personas que llaman acuden a una cita de consulta virtual, y que tres de cada cuatro acuden posteriormente a una cita de ayuda al embarazo tras la llamada inicial.
En Estados Unidos, un caso relacionado con píldoras abortivas ha provocado un choque entre estados. Se señala que la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, presentó una acusación contra el abortista Remy Coeytaux por un episodio en el que un hombre habría obtenido píldoras abortivas y habría coaccionado a su novia, Rosalie Markezich, para que las tomara. El gobernador de California, Gavin Newsom, se negó a autorizar la extradición. En su declaración afirmó: «nunca seré cómplice de la guerra de Trump contra las mujeres».
En Carolina del Sur, al inicio del periodo legislativo, se presentaron varias iniciativas pro-vida. Entre ellas figura una propuesta para convertir en delito forzar a una mujer a abortar, con penas de hasta un año de cárcel y multas de 5.000 dólares, con incremento de la pena si la víctima es menor o si el autor es el padre del niño.
También se mencionan otras propuestas: una para proteger al no nacido desde la concepción, con excepción si el niño fue concebido por violación o incesto, promovida por el senador Matt Leber (Republicano, Distrito 41); otra para prohibir las píldoras del aborto químico; y otra para clasificar los fármacos abortivos como sustancia controlada, convirtiendo en delito grave su posesión sin receta y eximiendo a las mujeres embarazadas de enjuiciamiento.
Además, se recoge una propuesta para penalizar el pago o reembolso del coste de un aborto a un residente del estado y para criminalizar donaciones a organizaciones que financien traslados para abortar en otros estados. Finalmente, se menciona otra medida orientada a impedir de forma permanente que clínicas abortistas reciban fondos de Medicaid por cualquier servicio, incorporando a la ley una orden ejecutiva de 2017.
