(ICC/InfoCatólica) Una delegación del Consejo formada por abogados y activistas sociales visitó el 9 de abril la aldea de Juba, en el distrito de Gajapati (estado de Odisha), para investigar la denuncia de una agresión policial ocurrida el pasado 22 de marzo. Lo que comenzó como una operación contra el cultivo de marihuana derivó en un violento ataque contra cristianos tribales congregados en la iglesia católica local.
El equipo investigador ha revelado graves abusos cometidos por la policía, incluyendo agresiones a mujeres, menores y sacerdotes católicos. La intervención, que tuvo lugar sin orden judicial, afectó a personas que se encontraban preparando la liturgia del domingo. Entre los agredidos se encontraban cuatro jóvenes mujeres de la etnia kondh —dos de ellas menores de edad—, un cocinero tribal de 38 años y dos sacerdotes católicos. Uno de los religiosos sufrió la fractura del omóplato y perdió el conocimiento durante el ataque.
El Consejo Cristiano de Toda la India, a través de su presidente en Odisha, el obispo Dr. P. R. Parichha, ha enviado una carta al director general de la Policía del estado en la que exige una investigación inmediata y la suspensión de los agentes implicados. En el escrito se denuncia que los policías olvidaron su deber de protección y se convirtieron en agresores de personas inocentes.
Más agresiones
El informe también recoge otros hechos preocupantes: destrucción de estatuas religiosas, destrozos en viviendas y robos. Los agentes, según los testimonios, profanaron la iglesia, destruyeron veinte motocicletas, alimentos y objetos de uso doméstico. En uno de los episodios más alarmantes, una mujer de 62 años y su hija adolescente fueron golpeadas mientras estaban de luto por la muerte de su esposo y padre, enterrado apenas unas horas antes.
Los responsables del informe denuncian múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, entre ellas la libertad religiosa (artículo 25 de la Constitución india), la protección de lugares de culto (artículo 298 de la BNSS, 2023), los derechos de menores (Ley POCSO, 2012), la protección de mujeres y tribus (artículos 15.3 y 15.4 de la Constitución), y la legislación contra las atrocidades cometidas contra castas y tribus desfavorecidas.
Impunidad
Pese a la gravedad de las acusaciones, las autoridades no han adoptado ninguna medida contra los responsables más de veinte días después de los hechos. El Consejo y el equipo de investigación han pedido que se actúe con urgencia contra los agentes con actitudes comunales y discriminatorias.
