(InfoCatólica) Cuando se cumple un mes del terremoto que sacudió Myanmar el pasado 28 de marzo, al menos 42.000 personas continúan viviendo en refugios provisionales. Así lo denuncia la organización humanitaria Save the Children, que advierte de que estas estructuras no son adecuadas para resistir las fuertes lluvias ni el calor extremo. Un campo de refugiados próximo a Mandalay, una de las zonas más afectadas, ya ha sufrido inundaciones.
Cifras oficiales no creíbles
La junta militar birmana ha declarado oficialmente 3.700 muertos y más de 5.000 heridos; sin embargo, las cifras reales podrían ser significativamente superiores. Según estimaciones de agencias de la ONU, unos 17 millones de personas se han visto afectadas de alguna manera por el seísmo. Además, se han derrumbado cerca de 65.000 edificios, el 88 % de las carreteras sigue intransitable y el 44 % de las áreas afectadas carece todavía de acceso a internet y electricidad.
Regiones sin ayuda
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, cerca del 72 % de los habitantes de las regiones de Sagaing y Mandalay, las más perjudicadas, aún no han recibido ningún tipo de ayuda. Las labores de asistencia humanitaria se ven obstaculizadas por los combates entre la junta militar y las fuerzas de la resistencia, que continúan a pesar de las declaraciones de alto el fuego por ambas partes. Equipos de rescate han reportado dificultades para acceder a las zonas afectadas debido a las restricciones impuestas por los militares.
Situación humanitaria crítica
La llegada inminente de la estación de lluvias, prevista para mayo, genera temor entre los desplazados, que temen no poder iniciar la reconstrucción de sus hogares a tiempo. Además, cientos de escuelas destruidas podrían no estar listas para el inicio del curso escolar en junio.
La situación humanitaria es crítica: muchas personas alojadas en campos de refugiados carecen de acceso a agua potable, lo que aumenta el riesgo de propagación de enfermedades como el cólera, el dengue o las infecciones cutáneas. La desnutrición infantil también preocupa gravemente a las agencias internacionales, dado que un tercio de la producción nacional de cereales y cuatro quintas partes de la de maíz proceden de las regiones devastadas de Mandalay y Sagaing.
La crisis se agrava por la persistencia de réplicas: hasta la fecha se han registrado 140 temblores secundarios, que han provocado nuevos derrumbes y han afectado gravemente a la salud mental de la población, especialmente a los niños. «Frecuentes y fuertes réplicas siguen sacudiendo el centro de Myanmar casi a diario, aumentando el miedo y la incertidumbre», señaló la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en un comunicado.
Incluso en Naypyidaw, la capital —situada más lejos del epicentro—, varios edificios gubernamentales y servicios públicos permanecen estructuralmente comprometidos. Algunos departamentos gubernamentales están considerando su traslado temporal a Yangon para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Sigue la guerra
Pese a los anuncios de alto el fuego, tanto el ejército birmano como las milicias étnicas han incumplido los compromisos. La junta militar ha aprovechado la confusión posterior al terremoto para intensificar los ataques en las zonas afectadas: según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se registraron 120 ataques en los días posteriores al seísmo. El Institute for Strategy and Policy - Myanmar (ISP-Myanmar) contabilizó hasta el 9 de abril un total de 160 bombardeos y 38 enfrentamientos armados, casi la mitad de los cuales ocurrieron tras la declaración de alto el fuego del 2 de abril. Durante las festividades del Año Nuevo Thingyan, al menos ocho municipios fueron también objeto de ataques.
Desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, Myanmar atraviesa una profunda crisis política y humanitaria. La junta militar, que derrocó al gobierno civil liderado por Aung San Suu Kyi, enfrenta una fuerte resistencia por parte de milicias étnicas y movimientos prodemocráticos. Esta situación ha derivado en un conflicto armado de larga duración que ha desplazado a cientos de miles de personas y ha limitado gravemente el acceso de la ayuda humanitaria. La respuesta de la comunidad internacional ha incluido sanciones contra los líderes militares, pero hasta ahora no ha logrado frenar la violencia ni estabilizar el país.
Con información de Asia News
