(Zenit/InfoCatólica) La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) ha iniciado una batalla legal contra la administración del expresidente Donald Trump tras la suspensión abrupta de la financiación federal destinada a la asistencia de refugiados. La demanda, presentada el 18 de febrero ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, sostiene que esta medida no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo a miles de personas que dependen de estos programas para rehacer sus vidas en el país.
El conflicto se centra en el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), que desde su creación en 1980 ha permitido el reasentamiento de personas que huyen de la persecución en sus países de origen. A través de sus Servicios de Migración y Refugiados (MRS), la USCCB ha sido un pilar en estos esfuerzos, facilitando la integración de cerca de un millón de refugiados en territorio estadounidense.
Recorte de fondos y su impacto
La controversia surgió tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, en la que ordenó revisar el USRAP para evaluar su alineación con el "interés nacional". Solo cuatro días después, el Departamento de Estado emitió notificaciones de suspensión a varias agencias de reasentamiento, entre ellas la USCCB, dejando sin recursos a programas esenciales que asisten a los refugiados en su llegada al país.
Esta medida ha afectado especialmente al Programa de Recepción y Colocación (R&P), el cual ha sido clave durante décadas para ayudar a los recién llegados con vivienda, empleo y otras necesidades básicas en sus primeros 90 días en Estados Unidos. La repentina interrupción de la financiación ha generado una crisis en estos servicios, poniendo en peligro la estabilidad de muchas familias refugiadas.
El arzobispo Timothy P. Broglio, presidente de la USCCB, expresó su inquietud por la situación, subrayando que la falta de fondos deja a la organización sin la capacidad de cumplir con su misión de asistencia. Por su parte, la portavoz de la USCCB, Chieko Noguchi, advirtió que el recorte amenaza con desmantelar un sistema de acogida que ha funcionado por décadas. Noguchi también resaltó que los refugiados afectados han pasado por un riguroso proceso de selección del gobierno de EE. UU. y buscan escapar de condiciones de persecución.
Desde la USCCB han instado a la administración a restablecer la financiación, argumentando que brindar apoyo a los refugiados es un reflejo de los valores de compasión, justicia y hospitalidad que definen a Estados Unidos.
La USCCB y su papel clave en el reasentamiento de refugiados
Más allá de su rol como organización religiosa, la USCCB es la entidad de reasentamiento más grande del mundo, colaborando con agencias locales para ayudar a aproximadamente el 18% de los refugiados que llegan a Estados Unidos cada año.
La ley de inmigración estadounidense define a los refugiados como personas que han debido huir de su país por un temor fundado de persecución, ya sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Para estas personas, los programas de reasentamiento representan una oportunidad de reconstrucción en un entorno seguro.
Con la demanda ya en curso, el caso podría marcar un punto de inflexión en el futuro de las políticas de reasentamiento de refugiados en Estados Unidos. El resultado no solo afectará a organizaciones religiosas como la USCCB, sino también a miles de personas que buscan protección en suelo estadounidense.
Esta acción legal llega apenas una semana después de que el Papa Francisco enviara una carta a los obispos de Estados Unidos abordando el tema migratorio, reafirmando la postura de la Iglesia en la defensa de los derechos de los refugiados.
