Se niega a informar a sus pacientes de que tiene sida

La Generalitat de Cataluña defiende al abortista doctor Morín

La Generalitat ha vuelto a defender el derecho del médico Carlos Morín a proteger su intimidad, en una carta del 25 de noviembre con la que ha respondido a una misiva en la que la asociación E-Cristians reclamaba por la omisión de alerta sanitaria alguna, por parte del Departamento de Salud, a las mujeres atendidas en la clínica de Morín, portador del virus del sida, a pesar de que el mismo practicó "actividades invasivas" en las que, al haber sangre de por medio, no es descartable la infección.

(Forum Libertas/InfoCatólica*) La Generalitat ha vuelto a defender el derecho del médico Carlos Morín a proteger su intimidad, en una carta del 25 de noviembre con la que ha respondido a una misiva en la que la asociación E-Cristians reclamaba por la omisión de alerta sanitaria alguna, por parte del Departamento de Salud, a las mujeres atendidas en la clínica de Morín, portador del virus del sida.

“Quiero poner en su conocimiento que en Cataluña el sida es una enfermedad de declaración individualizada, voluntaria y anónima –señala en la carta el director general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat, Josep Martí i Jufresa-. También que los registros clínicos de los pacientes con sida o seropositivos son agregados para su seguimiento epidemiológico y están sometidos a la ley de confidencialidad y protección de datos”.

De esta manera, la Generalitat reitera que no puede informar de la enfermedad de un médico que puede practicar “actividades invasivas” (en las que haya sangre, como partos, abortos,...), a diferencia de las autoridades sanitarias francesas, que lanzaron, el pasado mes de septiembre, una alerta pública sobre el riesgo de contraer sida que afecta a las mujeres que han abortado en los centros de Morín de Barcelona.

Por otra parte, la Generalitat afirma en la carta que “no hay ninguna disposición legislativa que obligue a un médico seropositivo o con sida a dejar su ámbito asistencial”. En este sentido, para el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, resulta “escandaloso” que la Generalitat no haya legislado esta cuestión. “¿Cómo es posible que personas que puedan transmitir la infección no estén obligadas a nada, ni siquiera a informar a los pacientes?”, se pregunta.

Actualmente, lo único establecido en este sentido es una recomendación del Colegio de Médicos de Barcelona que, en su Código Deontológico, señala la obligación que tiene el médico portador del virus de informar de su enfermedad a su responsable superior, o si no lo tiene, a la Administración.

La Generalitat conoce, al menos desde el año 2001, que Carlos Morín es portador del virus del sida, ya que ha recibido varios informes médicos que lo acreditan, del hospital barcelonés que realiza su seguimiento, según aparece en el sumario del Juzgado de instrucción número 33 de Barcelona que investiga los supuestos abortos ilegales cometidos en sus centros.

Sin embargo, el gobierno catalán sigue sin considerar necesario aportar más información sobre el cirujano. De esta manera, la Generalitat está encubriendo a Carlos Morín sin mostrar una preocupación efectiva por el riesgo que han corrido las mujeres que han abortado en sus centros.

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