(P.Manzano/La Razón) Entre todos los actores que expresaron ayer su opinión destaca la del PSOE de Castilla y León. La portavoz de este grupo, Ana Redondo, señaló que la extensión de los efectos de la sentencia “es la única forma de que se tutelen los derechos de las familias que, por el motivo que sea, no profesan la religión católica”, informa Efe. Esta declaración es importante, ya que parte del mismo grupo político que dirige el Gobierno central y el de muchas comunidades autónomas.
Por contra, el presidente de Concapa (Confederación de Padres Católicos), Luis Carbonell, critica la decisión judicial y la enmarca en una política global de “ataque laicista”. “Es lo mismo que si quitamos los nombres de calles que mencionan a santos, retiramos los cuadros de Murillo de los museos o prohibimos los dulces típicos de las festividades cristianas porque ofenden a alguien”. Para Carbonell, “una minoría está imponiendo sus criterios a una mayoría” y “se está llegando más lejos que países como Francia o EE UU, que también son aconfesionales, y en los que se permite la presencia de símbolos religiosos”. Sin embargo, Fernando Martín de Ceapa (Confederación de Padres de Alumnos), que defienden criterios laicos en la escuela, manifiesta su apoyo a la sentencia y recuerda que “es constitucional”. Además, incide en que “no estamos en contra de los símbolos religiosos cristianos, sino de toda referencia, sea de la religión que sea, en las aulas. Nosotros no atacamos a la religión católica y pedimos respeto”. Sobre la polémica de permitir ir a clase con un velo islámico, aclara que “no es comparable. Es una decisión particular, que sería similar a impedir llevar una cruz en el cuello”.
