Abórtame, pero no me discrimines, que me matas
No salgo de mi asombro. Hoy comienzan los trabajos de la Subcomisión Parlamentaria para la «reforma de la Ley del Aborto». A puerta cerrada. Comparecerán Justa Montero —abortista acérrima de la Asamblea Feminista de Madrid—, María Luisa Soleto Ávila —abortista directora de la Fundación Mujeres— y Benigno Blanco —provida, presidente del Foro Español de la Familia—. El resto de los días será igual de ecuánime.
El viernes, y no conozco el motivo de por qué no antes, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), plataforma que reúne a las asociaciones de discapacitados de distinto tipo, ha emitido una nota en la que solicita su comparecencia el la Subcomisión de la Muerte.
No me extraña que les entre el miedo, el siguiente paso son ellos. El criterio progresista de dignidad humana es la autonomía.
Pero la argumentación, es pobre, kafkiana e incoherente; únicamente buscan que si se les asesina, sea igual que a todos.
El inicio de la nota es esperanzador:
A la luz de la Convención, no sería admisible una legislación en materia de interrupción del embarazo, como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto («graves taras físicas o psíquicas»), por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad.
Los principios de la Convención de la ONU son contrarios a la aceptación del llamado aborto eugenésico, practicado para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad, por considerarlo un supuesto discriminatorio que parte de la presunción de que la vida de una persona con discapacidad es inferior en valor al de una persona sin discapacidad, y por tanto se consiente un trato menos favorable.
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