Si hay un nombre en España al que se identifique automáticamente con la eutanasia, ese es el del doctor Montes. No ya sólo por su actuación como jefe de la unidad de Urgencias en el hospital Severo Ochoa de Leganés, que fue a todas luces irregular -aunque según la justicia no se pudo probar que incurriera en delito, los peritos médicos fueron unánimes en señalar sus irregularidades-, sino porque no pierde ocasión de manifestarse a favor de la eutanasia y el suicido asistido.

De igual manera, si hay un nombre en la Iglesia Católica que, al menos también en España, se identifique automáticamente como la oposición pública y tenaz a la doctrina católica sobre la eutanasia, ese es el del jesuita Juan Masiá Clavel. Masiá fue entusiasta defensor del doctor Montes, al que felicitó efusivamente desde su blog cuando se vio libre de la posibilidad de ir a la cárcel.

No es por tanto ninguna casualidad ni mala jugada del destino que el doctor Montes haya elegido a Masiá como uno de sus corifeos en el congreso “Eutanasia y suicidio asistido. Un derecho del siglo XXI” que se celebrará en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, del próximo 10 al 14 de agosto. Se cumple aquello de “Dios los cría y ellos se juntan". Montes y Masiá, Masiá y Montes, tanto monta, monta tanto el uno como el otro a la hora de ser paladines de la cultura de la muerte en su sección “muerte dulce y derivados”.

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El último pleno del ayuntamiento de Sevilla asistió a un debate de lo más interesante entre el alcalde socialista de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín y el portavoz del Partido Popular, Juan Ignacio Zoilo. Todo empezó cuando los comunistas sevillanos de IU-CA propusieron que el ayuntamiento de la capital andaluza se manifestara a favor de que se considere que las adolescentes de 16 años puedan tener autonomía a la hora de abortar. Es lo que tiene la izquierda. Cuando todo el mundo está preocupado por la crisis, ellos se empeñan en que las clínicas abortistas no sufran el menor menoscabo en sus economías.

El caso es que el popular Zoilo, armado de razón, le echó en cara al alcalde que la Junta de Andalucía haya aprobado hace tres meses un decreto para limitar el acceso de los menores a la cirugía estética y sin embargo los socialistas quieren ahora que esas mismas menores puedan abortar sin límite alguno. De hecho, el propio Monteseirín se manifestó contra ese punto de la ley de aborto en un programa de Sevilla Televisión. Como quiera que este país no es tanto una democracia como una partitocracia donde todos los que se dedican a la política tienen que obedecer, sí o sí, a lo que mandan los jefes, el alcalde sevillano se la ha tenido que embaular y votar a favor de algo sobre lo que él se mostró en contra. Y claro, el popular vio el cielo abierto y se lanzó a la yugular del alcalde con una serie de preguntas muy oportunas: “¿Una niña de 16 años no está preparada para votar o para que le extirpen la apendicitis, pero sí lo está para abortar? ¿Es aceptable que ustedes pongan límites para quitarse un trozo de nariz y no para quitarse una vida? ¿Por qué en televisión dijo usted que no estaba de acuerdo y ahora vota a favor? O mentía en televisión, o miente ahora".

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Una de las máximas que siempre se cumplen en relación al debate sobre el aborto es que los pro-abortistas, cuya conciencia moral suele ser de inferior calidad a la de muchos individuos del reino animal, reaccionan ante las imágenes de los abortos como los endemoniados ante la imagen de un crucifijo. Hace unas semanas pudimos comprobar esto que digo en un programa de Popular TV. Cuando Ignacio Villa mostró la foto de un feto humano tomada de una ecografía, la pro-abortista de turno se levantó de su silla y se largó.

Y es que esos cómplices del mayor Holocausto en la historia de la humanidad saben que a la hora de replicar a la iniquidad de sus argumentos, una imagen vale más que mil palabras. La ministra Aído, cuyos conocimientos científicos son similares a los de los boniatos del huerto del tío Paco, tuvo la feliz ocurrencia de decir que un feto de 13 semanas es un ser vivo pero no un ser humano. Ante semejante barbaridad, un grupo de profesionales, entre los que se encuentran médicos, enfermeros, psicólogos y abogados, ha creado el “bebe-Aído", una réplica en plástico y a tamaño natural (algo más de cinco centímetros de largo) de un feto de doce semanas. Y, oigan ustedes, lo que ven nuestros ojos es claramente un personaje cabezón, con ojos, nariz, orejas, boca, brazos, manos, piernas, pies, etc. O sea, un ser humano. Chiquitín, pero tan humano como la ministra. O incluso más, ya que no está animalizado todavía por la mentalidad pro-abortista.

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La noticia es sin duda muy positiva: “El Parlamento italiano ha aprobado una moción que obligará al Gobierno de este país a proponer ante la Asamblea General de la ONU una resolución que condene la utilización del aborto como instrumento de control demográfico“. Esto ha sido posible gracias a la iniciativa de Rocco Buttiglione, político italiano que se hizo “famoso” en el 2004 cuando José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, incluyó su nombre entre los candidatos a comisarios de la Comisión, pensando asignarle las carteras de justicia, libertades y seguridad. Tal hecho coincidió con unas declaraciones de Buttiglione en las que, desde su condición de católico practicante, defendía la doctrina católica sobre la homosexualidad y la familia. Eso motivó que la izquierda europea se le echara encima de tal forma que finalmente hubo de decir no al ofrecimiento de Durão Barroso. Aquello sirvió, dicho sea de paso, para que muchos comprendiéramos de verdad lo que es ese ente llamado Unión Europea.

El caso es que este político italiano no sólo es católico sino que ejerce de tal a la hora de hacer política. No se le va la fuerza por la boca como a muchos de sus “hermanos en la fe” de Europa y, muy especialmente, de España. Porque, ya me dirán ustedes dónde está el Buttiglione español que sea capaz de llevar al parlamento una iniciativa de ese calibre. La partitocracia española impide que haya versos sueltos que tengan el valor de volar libre de las ataduras de los aparatos de los partidos. Si un diputado popular, y no digamos nada si es socialista, osara plantear algo así, sus posibilidades de repetir en las listas de las próximas elecciones generales serían más bien escasas. Antes que luchar contra el aborto, aquí es más fácil que populares y socialistas acuerden debatir en el parlamento sobre una posible condena a las palabras del Papa sobre el Sida en el avión que le llevaba a África. Es más, conociendo el percal, no descarto que asome algún diputado de izquierdas que pida que el parlamento español proponga ante la ONU una propuesta radicalmente contraria a la que Italia va a presentar.

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Cuando el Tribunal Supremo sentenció a favor de la legitimidad de la asignatura Educación para la Ciudadanía, los magistrados pretendieron arreglar el desaguisado argumentando que los contenidos de la misma no habría de servir para adoctrinar a los alumnos. En otras palabras, se cerraba la puerta de la objeción a toda la asignatura pero parecía que se abría la de la objeción a algunos de sus contenidos. Pues bien, esa puerta la ha cerrado hoy el mismo tribunal.

En Andalucía fueron varios los padres que quisieron objetar basándose en los famosos contenidos que tenía que ver, entre otras cosas, con la ideología de género. El TSJA les dio la razón pero el Supremo se la acaba de quitar. Y lo más peculiar es que el tribunal vuelve a insistir en que “tanto los proyectos educativos de cada centro, como los textos empleados y la actividad docente referida a la asignatura, deben eludir cualquier intento de adoctrinamiento en la exposición de los contenidos que han de reflejar con objetividad el pluralismo social existente". Pero a ver, señores míos, si precisamente se trataba de que los textos objetados eran considerados por los padres como adoctrinadores, ¿a qué viene volver a decir lo mismo?

El Supremo les dice a los centros que no usen textos tendenciosos pero cuando los padres se quejan de esos textos, les mandan callar y someterse a la ley. ¿En dónde queda entonces el derecho de los progenitores sobre la educación de sus hijos? ¿quién decide si un texto sobre ideología de género es apropiado para la educación de un niño o un adolescente? ¿las comunidades autónomas, los centros o los padres?

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