(AP/InfoCatólica) La Corte de Apelaciones de Arizona ordenó el jueves al juez levantar la restricción, al decir que las medidas respetan la Constitución y no suponen cargas excesivas para las mujeres que buscan terminar sus embarazos.
Las previsiones forman parte de una ley de aborto firmada por la gobernadora Jan Brewer en julio de 2009, seis meses después de asumir el cargo, y requiere que las mujeres obtengan el "consentimiento informado" de un médico en persona sobre los riesgos y las alternativas antes de someterse a un aborto. Actualmente, las mujeres pueden obtener esa información por teléfono por parte de un médico o una practicante de enfermera.
En abril, la gobernadora promulgó una ley que convirtió en delito mayor realizar o financiar un aborto solicitado a causa del sexo o raza del feto o de la raza de alguno de los padres. Los republicanos promovieron la ley preocupados por la creciente aceptación de las técnicas genéticas para escoger el sexo y el color de la piel de los bebés mediante la fecundación in vitro.
La Corte también acepta la legalidad de las norma que prohiben a las enfermeras efectuar abortos y que obligan a requerir por escrito el consentimiento por parte de los padres de menores de edad que deseen interrumpir su embarazo.
Otro apartado de la ley da más garantías a los médicos y profesionales de la salud que se niegan a participar en los abortos por razones morales o religiosas.
