(Agencias / La Razón) Pajín, que realizó estas declaraciones poco antes de asistir a una mascletà en la Noche de San Juan en Alicante, quiso aclarar que se trata de “la misma ley que cuando dijeron lo contrario”, en referencia a las palabras del cardenal Antonio María Rouco Varela del pasado mes de mayo, que afirmó que el proyecto de ley estaba en estudio pero que pensaba que “no es una ley de eutanasia”.
“La normativa ha sido mejorada porque hemos incorporado algunas sugerencias importantes de los médicos, donde esta ley tiene un gran consenso”, aseguró Pajín. La ministra añadió que esta regulación ofrece “garantías a los pacientes y también a los profesionales”, y que “no hay nada más humanitario y caritativo que mitigar el dolor y el sufrimiento de una persona en los últimos días de su vida”.
La ley se encuentra ahora en fase parlamentaria, donde será debatida y discutida por los representantes de los ciudadanos. Aunque Pajín advirtió de que el documento “es un paso definitivo y decisivo” y que su objetivo es continuar con el proceso.
Luis Montes
La respuesta de la ministra a las palabras de los obispos no es la única que se produjo ayer. El presidente de Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes, pidió a la Iglesia que “deje de meter miedo a los ciudadanos” sobre la futura norma. “Es una ley de buenas prácticas, que particulariza derechos ambiguos de la ley de autonomía del paciente, y por tanto, todo lo que sea mejorar lo mal que se muere en este país es positivo”, apuntó.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, también se pronunció acerca de esta cuestión, y opinó que “se necesita una vida digna, y también una muerte digna”. “La muerte digna se tiene que producir pese a quien pese, incluso a la Conferencia Episcopal Española, que no tiene ningún derecho a decidir cuál tiene que ser la muerte de los ciudadanos cuando quieren que su vida se acabe porque está en unas condiciones peores que la propia muerte”, argumentó. Los puntos débiles y la práctica en Andalucía
La nota de la Conferencia Episcopal enumera algunos puntos por los que se “abría la puerta» a prácticas eutanásicas”, como la “sedación inadecuada”, el “abandono terapéutico”, la “omisión de cuidados debidos”, “omisiones que de modo directo aceleran el proceso de la muerte» y peligros para la objeción de conciencia del personal sanitario, quienes “quedan reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes”. Diversas asociaciones profesionales y organizaciones ciudadanas se han pronunciado en el mismo sentido.
“Los enfermos necesitan recursos para las unidades paliativas y para las familias con enfermos terminales en casa, y esta ley no aporta ni un euro», denuncia el portavoz de Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (Andoc), Juan Molina. “Lo mismo pasó con su reciente predecesora, la ley hermana sobre muerte digna que aprobaron en Andalucía. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos señaló todos sus fallos, pero la administración no hizo caso. Una vez hecha la prueba en Andalucía, viendo una resistencia poco eficaz entre los profesionales, ahora la implantan a nivel nacional”, afirma Molina.
“La realidad andaluza con la nueva ley es que a un enfermo catalogado no rentable se le envía a su casa, sin supervisión, sin atención profesional, con estos calores de verano. Nadie ha creado ni paga un sistema de supervisión domiciliario. Cuando por fin el paciente se pone muy mal, una cara ambulancia medicalizada le lleva al hospital a hacer una cola inútil y dañina en su crítico estado. Al final, el enfermo se siente tan mal tratado que suplica por la muerte. Y ahí entra la eutanasia encubierta. Habiendo técnicas éticas y tecnología para morir sin dolor, no se usan debido a protocolos torpes y una nula financiación”, denuncia Molina.
