(Aci) El comunicado, con fecha 16 de junio, critica duramente la pasividad del gobierno ante los violentos hechos registrados desde el 12 de junio en la cárcel El Rodeo, en donde el pasado fin de semana murieron 22 personas de acuerdo a las cifras oficiales del gobierno.
Para los prelados, las autoridades “han abandonado completamente su responsabilidad de garantizar la vida y la integridad física de la población procesada y penada, para permitir en su lugar el funcionamiento impune y abierto de bandas y mafias internas que ejercen el control absoluto dentro de las instalaciones de los internados judiciales y penitenciarías, y que además cuenta con armamento, bajo la mirada cómplice de las autoridades del país”.
Diversos medios dieron a conocer además que la crisis en El Rodeo empeoró aún más este viernes dejando como saldo 16 oficiales heridos de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, cientos de personas, en su mayoría parientes de los reos, permanecen en las afueras a la espera de la versión oficial de los hechos y pidiendo ayuda para sus familiares encarcelados.
El viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, Néstor Reverol, confirmó que resultaron heridos un reo y 16 oficiales –nueve guardias nacionales, tres oficiales y tres superiores– durante una requisa dentro del penal que alberga unos 4 780 reclusos.
Al parecer, los presos habrían rechazado la presencia los 5 000 uniformados que tomaron los anexos I y II de El Rodeo la madrugada de este viernes 17 de junio.
Los familiares de los reos, informa Europa Press, han denunciado que la presencia de los oficiales dentro del penal ha propiciado una matanza, sin embargo, un representante del gobierno ha reiterado que la Guardia Nacional está actuando de acuerdo a lo establecido en la Constitución: “no es una masacre, es para preservar la vida de los internos del penal”, dijo.
Situación intolerable de la población reclusa
En el comunicado de los Obispos venezolanos titulado “Por el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad” con fecha 16 de junio, se señala que “nuevamente la sociedad venezolana debe lamentar la indescriptible situación padecida por la población interna en las cárceles venezolanas y por sus familiares; en esta oportunidad los hechos de sangre se verificaron en el Internado Judicial Capital El Rodeo I, en Guatire, Estado Miranda”.
A diferencia de las cifras presentadas por el gobierno, el texto de los prelados señala que en los enfrentamientos armados fallecieron “treinta y siete internos y un número mayor resultó herido, según cifras no oficiales manifestada por los distintos familiares”.
Los prelados indican además que este tipo de hechos confirman “de manera escandalosa y lamentable lo que se ha denunciado ininterrumpidamente desde hace muchos años: que las autoridades del estado venezolano” incumplen con sus obligaciones en este campo.
Por ello precisan que “las autoridades del estado venezolano no pueden de ningún modo abdicar de su autoridad y de sus obligaciones respecto de los derechos y garantías de la población interna en sus cárceles”.
No puede asumirse que la situación es normal
Los obispos recuerdan que “de ninguna manera puede ser visto con indiferencia o como algo normal el que en las prisiones venezolanas no solamente exista hacinamiento, corrupción, ausencia de los servicios más básicos, retardo procesal y ausencia de clasificación de la población interna, sino que además el estado permita que sean las bandas delictivas y las mafias quienes impongan su ley dentro de los recintos penitenciarios; esta es una situación extremadamente grave de cuyas consecuencias las autoridades no pueden sustraerse”.
En el texto firmado por el Presidente de la Comisión de Justicia y Paz y Vicepresidente de la CEV, Mons. Roberto Luckert, los prelados también expresan su solidaridad para con los presos y sus familiares.
El texto concluye denunciando que la situación actual de las cárceles de Venezuela “no ha dejado de ser para el estado venezolano y para toda nuestra sociedad en general un motivo de vergüenza y de luto”.
Finalmente señalan que “en esta nueva oportunidad lamentablemente nos vemos obligados a advertir que mientras continúen sin resolverse los problemas estructurales de nuestro sistema de administración de justicia, y en particular de la administración de los recintos penitenciarios, estaremos condenados a repetir una y otra vez esta situación de verdadero horror para los procesados, los penados y sus familiares”.
