(El Correo) Cáritas alertó de que en un tercio de las 54 oficinas que tiene repartidas por toda España, las visitas por sorpresa y los “controles selectivos” de identificación se duplicaron durante el pasado año. Y no sólo en las mismas sedes, sino también en otros sitios donde se llevan a cabo proyectos y tareas asistenciales. Una explicación de lo ocurrido es que los extranjeros son mayoritarios entre las personas desfavorecidas que piden ayuda a los voluntarios de Cáritas. De los casi 800.000 individuos que fueron auxiliados por esa entidad durante 2010, algo más de la mitad eran foráneos y un tercio de éstos últimos -aproximadamente unos 150.000- no tenía los papeles en regla, al haber perdido un empleo, al no encontrarlo y también a causa de la “rigidez” de las autoridades para facilitar la documentación en regla.
A la vista del incremento de la presión policial, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora recordó ayer a Interior que las sedes de esa entidad “deberían ser sitios seguros a los que nadie tenga miedo de ir”. Mora reveló que la Policía está girando visitas a los directores de los centros para pedirles que identifiquen a algunas de las personas atendidas, algo a lo que el personal se niega en redondo, salvo que exista una orden judicial o se haya cometido un delito.
Efecto nocivo
“Si los controles son selectivos y discriminatorios -denunció el responsable de Cáritas- sólo producen un efecto nocivo, tanto entre la población autóctona como la inmigrante”. A juicio de la ONG, la actitud de los funcionarios policiales, unida a la mala situación de la economía y al “endurecimiento” del discurso político en España, puede generar una “fractura social”.
La política de Extranjería en España no sólo ha alarmado a las ONG, sino al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. En un documento fechado el pasado 10 de marzo, ese organismo ha instado al Gobierno de Zapatero a erradicar las detenciones masivas de inmigrantes en situación ilegal. Esos arrestos se derivan de una polémica circular distribuida por el Ministerio del Interior el 25 de enero de 2010, en la que se ordena a la Policía que detenga a todo extracomunitario que no pueda identificarse de inmediato.
En este sentido, Cáritas llamó la atención sobre los problemas que están encontrando los extranjeros no sólo para regularizarse, sino para acceder siquiera al padrón municipal, requisito necesario para acceder a la sanidad, la educación y los subsidios. Según Sebastián Moral, el desempleo de larga duración, la explotación laboral y la precaria situación jurídica de los inmigrantes -que al perder un trabajo también pueden quedarse sin papeles- son problemas “más graves” incluso que los controles policiales, los cuales si bien “no son buenos ni convenientes”, ya que se producen en un clima de “total normalidad”.
Menos recursos
El informe de Cáritas advierte, igualmente, sobre el “drástico recorte” que han sufrido los servicios públicos de integración y atención primaria para los extracomunitarios, a pesar de que la tasa de paro de ese colectivo asciende al 30%, un índice mayor incluso que el de los españoles (18%), de por sí el más elevado de Europa. Los autores del estudio recuerdan que las dificultades para saldar deudas o pagar hipotecas están dejando sin alojamiento no sólo a nacionales, sino a un buen número de extracomunitarios, lo que multiplica el hacinamiento y la aceptación de cualquier ocupación para sobrevivir.
Por regla general, los extranjeros solicitan información a Cáritas “una o dos veces al año” o incluso “una vez por trimestre”, pero en las oficinas de Las Palmas, Segorbe-Castellón y Mondoñedo-Ferrol la frecuencia es mayor.
