(EP/InfoCatólica) “Si tú me acusas de algo, eres tú quien tiene que probarlo; sin embargo, aquí (en el anteproyecto de ley) es al revés”, ha explicado la Defensora del Pueblo en funciones, para añadir que espera que este asunto “se matice” en el Congreso y en el Senado porque “puede ser preocupante”.
El primer apartado del artículo 28 del texto del anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación establece que “cuando el interesado alegue discriminación y aporte un principio de prueba sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente acreditada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad”.
Preguntada por si el organismo público de carácter unipersonal que prevé el texto para velar por el cumplimiento de la norma puede restar competencias a la institución del Defensor del Pueblo, Maria Luisa Cava de Llano ha asegurado que la oficina que dirige “siempre va a tener competencias en materia de discriminación porque es un derecho constitucional”. “Es un tema que no admite discusión”, ha zanjado.
Otros aspectos del anteproyecto
Sobre otros aspectos concretos de la ley, como la financiación pública o no a centros escolares de educación diferenciada, o la petición por parte de grupos parlamentarios nacionalistas de incluir la discriminación lingüística, la Defensora ha afirmado que le parece “muy prematuro” hacer valoraciones sobre estos temas.
En este sentido, ha afirmado que al texto normativo le queda un “largo camino por recorrer” hasta llegar a ser una ley. “Hasta que no esté aprobado el texto definitivo no me quiero pronunciar. Estoy a la espera de cómo queda redactada la ley”, ha concluido.
