(Noroeste.com/InfoCatólica) Gracias a la aplicación de ese método, dijo, ha sido posible reducir hasta en 15 por ciento las adicciones, según pruebas clínicas que se ha hecho en ciudades de Estados unidos, Canadá y Puerto Rico.
Pedro Arellano informó que la Iglesia Católica ha realizado pruebas piloto de este dispositivo desde hace más de un año en las ciudades de México, Querétaro y Monterrey, con lo cual ha podido comprobar su efectividad.
Los resultados obtenidos entre los “grupos muestra” destacan que se ha reducido casi a la mitad el índice de consumo y casi en la misma proporción el delictivo, subrayó el secretario de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social.
Con base en esos resultados, Arellano expuso que la Iglesia ve con buenos ojos dicha práctica porque la considera un medio eficaz de prevención, que puede ser utilizado en las familias, en los centros de trabajo, en las escuelas y en los centros carcelarios.
Debería ser voluntario
Adelantándose a las objeciones, en el sentido de que su uso constituye una violación a los derechos humanos, el representante de la Iglesia señaló que éste tendría que ser pacífico y voluntario.
“Pese a que científicamente está comprobada la efectividad de este dispositivo antidoping hay resistencia en muchos legisladores y líderes gubernamentales para que pueda aplicarse en centros educativos y penitenciarios, alegando que sería violatorio para los derechos humanos, cuando esa posición sólo permite que se siga vendiendo droga”, insistió Pedro Arellano.
Aclaró que el interés de la Iglesia es unirse a los esfuerzos para combatir la delincuencia y la inseguridad que se generan como consecuencia de la adicción a las drogas, por ello es que considera el antidoping es una urgencia social que debe ser aplicada en México.
El portavoz eclesial dijo ser consciente de que para la aplicación masiva de esta prueba se debe reformar la Ley Federal de Norma Mínimas y la de Ejecución y Sanciones Penales del Distrito Federal y sus equivalentes en los estados, pero comentó que sería ideal que antes de aprobar la libertad anticipada a un reo se compruebe que ya no es adicto.
