(Agencias/InfoCatólica) Cerca de 50 médicos han presentado objeciones de conciencia en Andalucía ante la aprobación hace poco más de un mes de la Ley del aborto libre y gratuito, aunque las autoridades políticas, por medio de los directores de centro “están comunicando las inadmisiones de las solicitudes”.
Así lo han denunciado desde la Asociación nacional para la defensa del derecho de objeción de conciencia (Andoc) en una nota, en la que explicaron que a cambio de que no recurran a las vías contenciosas, “los directores de centro intentan acordar con los médicos situaciones especiales, como evitar que puedan ver a pacientes que les pudieran pedir ser intervenidas para abortar”.
En uno u otro momento cualquier médico puede verse involucrado en una petición de aborto legalizado
“Estas situaciones son casi imposibles, pues no pueden durar mucho, dado que otros pueden en cualquier momento pedir los mismas medidas, ya que sólo una minoría de médicos no tienen inconveniente en diligenciar abortos”, apuntaron desde la asociación.
Además, aseguraron que los colegios de médicos andaluces reciben escritos de petición de información sobre la vigencia del código deontológico y “se están limitando a abrir un registro de médicos objetores”. “Esto no tiene otra utilidad que la de ser un indicador estadístico, no real, dado que son muy pocos los médicos que se toman la molestia de declarar sus objeciones ante los colegios por cuestión de poca efectividad”, concluyó la asociación.
El pasado 16 de julio el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) informó de la creación del Registro Andaluz de Médicos Objetores de Conciencia con el objetivo de garantizar el ejercicio de la cláusula de conciencia a todos los profesionales médicos de la comunidad autónoma.
El artículo 19 de la nueva Ley
El punto de conflicto entre los médicos y el Gobierno con respecto a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se encuentra en la interpretación del artículo 19 de la misma recoge el derecho a ejercer la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo.
El adverbio “directamente” podría interpretarse como excluyente de otros profesionales de la sanidad que, sin participar en el aborto, sí están obligados a realizar trámites administrativos y de otra índole ligados a la interrupción del embarazo, lo que confronta con sus creencias éticas y morales.
