(Agencias/InfoCatólica) El documento, titulado Chile, una mesa para todos en el Bicentenario, fue entregado por el obispo de Rancagua y presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Alejandro Goic, y el cardenal arzobispo de Santiago Francisco Javier Errázuriz, quienes pidieron revisar caso por caso el posible indulto de las personas que tienen condenas firmes.
Para el episcopado chileno “no sería completa la ‘mesa para todos’ si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los Derechos Humanos cometidos durante el régimen militar”, en el que murieron cientos de personas y fueron torturadas otras miles en centros de reclusión clandestinos.
La Iglesia señala que “no todos” los militares y funcionarios condenados “tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron” durante la dictadura de Pinochet y afirman que respecto a ellos “no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto”.
Medidas que se solicitan
“La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos”, señala el texto, publicado en la página de la Conferencia Episcopal.
En este sentido, la Iglesia Católica ha sugerido reducciones parciales de las penas privativas y restrictivas de libertad, así como “una reducción adicional a quienes tengan más de 70 años de edad” y a las “mujeres que tengan uno o más hijos menores de 18 años”. También ha pedido que a los detenidos que “padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable, se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel”.
Por último, ha propuesto al Parlamento modificar “la legislación que se refiere a las penas, en lo que atañe a los condenados de edad muy avanzada y a quienes estén gravemente aquejados de una enfermedad terminal”, de modo que “se les condone la pena o que puedan cumplir el resto de su condena junto a su familia o en instituciones asistenciales”, explica el documento.
Las medidas propuestas beneficiarían a “los condenados por sentencia ejecutoriada –con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre–, que en los últimos años hayan tenido buena conducta” en la cárcel “y no constituyan un peligro para la sociedad”.
Mons. Goic aclara que no se quiere “reabrir heridas” ni “cerrarlas por decreto”
El presidente de la Conferencia Episcopal aclaró que el planteamiento de la Iglesia “no busca reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretende que ellas se cierren por decreto, simplemente presentamos a las autoridades de la nación la realidad del dolor de personas que viven privadas de libertad, que han sido juzgadas”.
“Nos anima un solo propósito: ser fieles a Jesús y coherentes con el mandato cristiano del amor, solidaridad y misericordia”, subrayó el prelado, quien a su vez lamentó que se hayan desatado opiniones “diversas” antes de conocerse la propuesta. El arzobispo aseguró que respetan los argumentos contrarios y que esperan que su petición “sea analizada con el mismo criterio, sin prejuicios, con generosidad y amistad cívica”.
