(La Nuova Bussola Quotidiana/InfoCatólica) En Francia, la eutanasia seguirá estando prohibida en todas las instituciones privadas que así lo decidan, incluidas las católicas: bastará con que declaren su respeto por la vida en sus estatutos o a través de un código ético. Ese derecho ha quedado reconocido y garantizado tras la decisión del Consejo Constitucional que, aun confirmando la ley querida por Macron y por las izquierdas, ha resuelto incluir las cláusulas de conciencia que el texto no preveía.
Se trata de una victoria importante que, al igual que las obtenidas en el ámbito paneuropeo en 2010 y 2012, enseña a tener valor y a cultivar competencia, trabajo parlamentario duro y redes de colaboración serias, para que también hoy puedan reafirmarse la verdad y la razonabilidad de los principios no negociables y la correcta interpretación de los derechos humanos.
De manera análoga, a todos los farmacéuticos se les ha concedido la posibilidad de ejercer su profesión con sus derechos y su libertad de conciencia garantizados, derechos y libertades que la mayoría de gobierno les negaba. La promulgación oficial de la ley francesa sobre el fin de la vida, publicada en el «Journal Officiel», así lo confirma.
«Lugares de refugio» frente a la ley
En el contexto de una ley injusta, al igual que la constitucionalización del aborto también impulsada por Macron, la salvaguarda del derecho y de la libertad de conciencia representa una mínima pero importante victoria de civilización.
Así lo ha expresado Gregor Puppinck, responsable del Centro Europeo por el Derecho y la Justicia (ECLJ), uno de los promotores de los informes presentados a la atención del Consejo Constitucional: «Podemos dar gracias a Dios por esta victoria. En Francia quedarán lugares de refugio donde las personas vulnerables no correrán peligros mortales. Continuaremos ahora esta batalla en otros países… con el fin de garantizar la libertad también a las instituciones religiosas. En Francia nos estamos preparando para impugnar los decretos de desarrollo que el Gobierno adoptará en los próximos meses».
El arzobispo de París, Mons. Laurent Ulrich, acogió favorablemente las modificaciones en su mensaje del 19 de agosto dirigido a los fieles con ocasión de la promulgación de la ley, y las definió como «una oportunidad», invitando a las instituciones dedicadas a la asistencia de los enfermos graves y especializadas en cuidados paliativos a encontrar «en estas reservas un estímulo para mantener su carácter específico y para seguir siendo lugares en los que nadie será matado».
El resto de la ley, confirmado en su integridad
La parte restante de la decisión del Consejo Constitucional ha sido, como estaba previsto, una confirmación de todas las demás disposiciones de la ley, incluidas la falta de notificación a los familiares, la ausencia de posibilidad de recurso o la eutanasia de las personas sometidas a tutela.
En la versión originalmente aprobada, el texto establecía que, en el caso de que una persona estuviese ingresada en un hospital o viviera en determinadas estructuras sujetas a la normativa, «el responsable de la estructura debía permitir la intervención de los profesionales implicados en el procedimiento», así como el acceso de cualquiera que acompañase a la persona que solicitaba morir, sin excepción alguna, incluso en caso de objeciones por parte de la propia institución, además de no garantizarse ninguna cláusula de conciencia para los farmacéuticos.
Dos activistas de la eutanasia entre quienes juzgaron la ley
El papel de los católicos, incluidos los obispos, en la exigencia de que el Consejo Constitucional respetase la cláusula de conciencia resulta indiscutible. Es un éxito merecido, pero no descontado, y podría abrir la puerta a ulteriores recursos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque entre los miembros del Consejo Constitucional que adoptaron la decisión se encontraban dos promotores y activistas de la eutanasia, Jacques Mézard y Alain Juppé, lo que hace impugnable la resolución adoptada sobre la legitimidad constitucional del texto.
En ese terreno, el escrito «externo» y frontalmente contrario al texto aprobado por el Parlamento, enviado el pasado 30 de julio al Consejo Constitucional por la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión y de conciencia, Nazila Ghanea, podría reforzar la posición y las razones de los recurrentes.
El precedente de Estrasburgo en 2010 y 2012
Hace dieciséis años, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una Resolución y una Recomendación «imposibles», la n.º 1762/2010, dada la aplastante mayoría de los partidos de izquierda, socialistas y liberales que sostenían el texto original, patrocinado abiertamente por las mayores multinacionales internacionales del aborto y de la eutanasia, y en el que se prohibía la objeción de conciencia tanto para las personas como para las instituciones sanitarias religiosas.
Aquella resistencia «imposible» sobre los valores fundacionales del Partido Popular Europeo se hizo posible gracias a una dirección valiente, a la firmeza de un puñado de parlamentarios amigos —entre ellos Renato Farina— y al impulso de organizaciones cristianas, entre las que figuraban Gregor Puppinck y Roger Kiska, entonces al frente de Alliance Defending Freedom en Europa.
Guiados por sus competencias, por la certeza racional de los principios humanos y cristianos no negociables y por la confianza en la Providencia divina en cuanto al resultado, la victoria segura de los detractores de la vida y violadores de los derechos humanos se transformó en su primera y sonora derrota. A ello siguió, en 2012, la aprobación de una enmienda en la Resolución sobre las declaraciones de fin de vida que prohibía explícitamente «la eutanasia (definida como la muerte intencionada de un ser humano no autosuficiente en aras de un presunto beneficio)».
