(InfoCatólica) El presidente Emmanuel Macron ha promulgado la ley que crea en Francia un derecho a la denominada «ayuda a morir», un eufemismo que designa la eutanasia y el suicidio asistido. El texto fue publicado este miércoles 19 de agosto en el Journal officiel, después de que el Consejo Constitucional validase el pasado 14 de agosto la totalidad de la norma sin censurar ninguna de sus disposiciones.
La norma permite a un enfermo autoadministrarse un producto letal y contempla que, cuando el paciente no pueda realizar físicamente el gesto, un profesional sanitario (médico o enfermero) actúe en su lugar. El acceso queda reservado a personas adultas que padezcan una enfermedad grave e incurable que comprometa su vida, se encuentren en fase avanzada o terminal y sufran un dolor físico que no pueda ser aliviado mediante tratamientos o cuidados paliativos. Se exige además ser ciudadano francés o residir de manera permanente y legal en el país.
El Consejo Constitucional valida el texto con tres reservas
El Consejo Constitucional consideró conformes con la Constitución las disposiciones esenciales de la ley, limitándose a formular tres reservas de interpretación destinadas a encuadrar su aplicación. Entre ellas figura una cláusula específica de objeción de conciencia para los farmacéuticos, que no estarán obligados a preparar la sustancia utilizada en el procedimiento. La resolución autoriza también a los centros sanitarios privados a rechazar la realización del procedimiento en sus instalaciones.
Macron celebró la decisión y la definió como la culminación de un «debate democrático ejemplar», defendiendo que la reforma se apoya en bases «democráticas, éticas y constitucionales». El presidente francés destacó que la nueva regulación llega después de la legislación aprobada en mayo para garantizar la igualdad de acceso a los cuidados paliativos.
La Fundación Lejeune denuncia una decisión «escandalosamente minimalista»
La reacción de la Fundación Jérôme Lejeune fue contundente. En un comunicado, la organización expresó su indignación y calificó la decisión de «escandalosamente minimalista»: «ninguna de las disposiciones de la ley ha sido censurada y ninguna protección se otorga a las personas con discapacidad intelectual, que siguen siendo objetivo de esta ley».
La Fundación sostiene que «crear un derecho a la 'ayuda a morir' e integrarlo en el ámbito del cuidado sanitario es tan aberrante humana y médicamente como incoherente jurídicamente». A su juicio, la única decisión conforme con los principios fundamentales de protección de la vida habría sido la inconstitucionalidad total de la ley, ya que las reservas formuladas no eliminan «el carácter grave e irreversible del acto letal» ni «la vulneración del principio de salvaguarda de la dignidad humana y de protección de las personas vulnerables».
Las palabras del Papa León XIV
El comunicado recuerda las palabras pronunciadas por el Papa León XIV durante su recepción a la Fundación Lejeune el pasado 21 de junio: «jamás la medicina podrá hacerse servidora de la muerte programada». La organización expresó su esperanza de que el Pontífice reitere su condena firme de la eutanasia y del suicidio asistido durante su próximo viaje a Francia.
La Fundación también señaló que la ONU había alertado al Gobierno francés sobre el riesgo de una «violación del deber de respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas con discapacidad», advertencias que, lamenta la organización, no fueron tenidas en cuenta.
Acusaciones de parcialidad y movilización futura
En una de sus críticas más severas, la Fundación Lejeune denunció que cuatro miembros del Consejo Constitucional que se habían pronunciado públicamente a favor de la legalización de la eutanasia no se abstuvieron de participar en la decisión, por lo que la considera «sesgada y parcial».
Jean-Marie Le Méné, presidente de la Fundación, anunció que la batalla no concluye con el aval constitucional: «Como el Papa León la animó al recibirla en audiencia privada en junio pasado, la Fundación Jérôme Lejeune no se resignará jamás. El combate está lejos de terminar, la movilización continúa». Le Méné advirtió de las consecuencias para «todos los que corren el riesgo de sufrir la presión de esta ley, los enfermos y los profesionales sanitarios, y todos aquellos que aún no miden su alcance pero que la sufrirán algún día».
La próxima batalla, según la Fundación, se librará en torno a los decretos de aplicación, durante cuya elaboración la organización se mantendrá «particularmente vigilante», especialmente en lo relativo a la protección de las personas con discapacidad intelectual.
Un cambio de marco legal
La nueva legislación sustituye el marco establecido por la ley Claeys-Leonetti de 2016, que permitía aplicar una sedación profunda y continua a pacientes terminales con pronóstico de vida corto. Con la promulgación, como recoge Libertad Digital, Francia se incorpora al grupo de países que permiten, bajo determinadas condiciones legales, procedimientos de suicidio asistido o eutanasia, entre los que se encuentran Bélgica, Países Bajos, Suiza, Canadá y Uruguay.
La publicación en el Journal officiel cierra la etapa legislativa y abre la fase de aplicación concreta de una norma que transforma la relación de la medicina francesa con la muerte.
