(BCCatholic/InfoCatólica) La Euthanasia Prevention Coalition (EPC) y la Delta Hospice Society han solicitado una revisión integral de la legislación canadiense sobre la asistencia médica para morir (MAiD), ante el aumento de casos de presión indebida, confusión con los cuidados paliativos y la falta de protección legal para quienes desean recibir cuidados tradicionales.
En una rueda de prensa conjunta celebrada el 7 de mayo, Alex Schadenberg, director ejecutivo de la EPC, explicó que, a pesar de la rápida expansión del programa MAiD desde su introducción, nunca se ha llevado a cabo una revisión completa de la ley. «La razón es sencilla: no se ha hecho nunca», afirmó.
Las organizaciones denunciaron que la creciente integración del MAiD en el sistema sanitario canadiense está minando la confianza en hospicios y hospitales, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Señalan que el MAiD es incompatible con la definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud, que no busca acelerar ni retrasar la muerte.
La legislación se amplió en marzo de 2021 con la aprobación del proyecto de ley C-7, que eliminó la exigencia de que la muerte fuera razonablemente previsible, suprimió el periodo de reflexión de 10 días para pacientes terminales e introdujo un sistema escalonado de espera según la condición médica del solicitante.
Esta petición se produce tras el reciente llamamiento del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el pasado 21 de marzo instó a Canadá a derogar la disposición que permite el MAiD en casos no terminales (conocido como «Track 2»), y rechazó su ampliación a menores maduros, directivas anticipadas y enfermedades mentales como único diagnóstico.
Schadenberg subrayó que una revisión auténtica debe recoger todos los testimonios implicados. «Que las historias salgan a la luz, y que la sociedad vea, sin juicios, cómo está funcionando esta ley y qué necesita cambiar», dijo. Mencionó además un informe del forense jefe de Ontario, que documentó 428 muertes por MAiD entre 2018 y 2023 que no cumplieron con las garantías legales, muchas de ellas motivadas por la pobreza, la falta de vivienda o el aislamiento social.
Angela Ireland, presidenta de la Delta Hospice Society, pidió espacios libres de eutanasia y protección para quienes rechazan este tipo de intervención. Denunció casos de pacientes presionados reiteradamente para aceptar MAiD, a pesar de haberlo rechazado de forma explícita. «¿Cuántas veces debe uno decir no para que dejen de preguntar?», relató que preguntaba una esposa angustiada.
Ambas organizaciones alertan de que esta situación está generando miedo entre los pacientes y afectando gravemente la confianza en el sistema de salud. Reclaman una reforma legal que proteja a los hospicios que rechazan el MAiD, asegure un consentimiento informado real y reafirme el compromiso con unos cuidados paliativos que respeten la dignidad de la vida hasta su fin natural.
