(BCCatholic/InfoCatólica) Mons. Pierre Murray, CSS, obispo auxiliar y secretario general de la Asamblea de Obispos Católicos de Quebec, presentó hace unos días en nombre de una plataforma interreligiosa un escrito ante el Comité d’étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses. En él se critica con firmeza el rumbo que está tomando la laicidad en la provincia canadiense: «Creemos que la laicidad es un proyecto colectivo y no debe convertirse en patrimonio de militantes antirreligiosos», afirmó.
El documento fue elaborado por representantes de distintas confesiones religiosas que, alentados por los obispos católicos de Quebec, comenzaron a colaborar durante la pandemia. Entonces denunciaron haber sido ignorados por el gobierno provincial cuando se cerraron arbitrariamente los lugares de culto. Desde entonces, exigen que las voces creyentes sean tenidas en cuenta en el debate sobre la laicidad.
El Ejecutivo de François Legault, que gobierna con mayoría absoluta desde 2018 gracias en parte a la promesa de no convocar un nuevo referéndum independentista, ha impulsado una concepción de la identidad quebequesa centrada en tres pilares: el idioma francés, la laicidad y una cultura nacional común. Esta visión se ha concretado en iniciativas legislativas como el Proyecto de Ley 21 sobre la laicidad del Estado (2019), el Proyecto de Ley 96 sobre la Carta de la Lengua Francesa (2022) y el actual Proyecto de Ley 84 sobre la Integración Nacional.
El Proyecto de Ley 84, presentado en enero por el ministro de Inmigración, Jean-François Roberge, exige a los recién llegados integrarse plenamente en la sociedad quebequesa en francés, aceptando como propios valores como la laicidad, la igualdad entre hombres y mujeres y una historia y cultura particulares. Aunque el texto no define con claridad los «valores sociales distintos» que menciona, algunos, como el exlíder del Partido Quebequés Jean-François Lisée, han descrito este modelo como «feminista, antidiscriminatorio y vanguardista», y han acusado a las grandes religiones de ser «misóginas».
La crítica más recurrente es que el modelo de laicidad defendido por el gobierno es en realidad una forma de exclusión de lo religioso de la vida pública. Así ocurrió, por ejemplo, en 2023, cuando se canceló el contrato de una organización evangélica que pretendía celebrar un acto en el Centre des Congrès de Québec. El primer ministro justificó la decisión afirmando:
«No vamos a permitir que grupos antiabortistas celebren grandes espectáculos en espacios públicos».
Posteriormente, la ministra de Turismo, Caroline Proulx, anunció que este tipo de eventos estarían vetados en todos los recintos bajo jurisdicción provincial. En octubre de 2024, Legault afirmó incluso estar explorando vías legales para prohibir la oración en espacios públicos, sin descartar el uso de la cláusula de no obstante de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
A todo ello se suma ahora el cambio de postura del líder del Bloque Quebequés, Yves-François Blanchet, quien propone extender la prohibición de símbolos religiosos también a los empleados federales en la provincia. «Hemos llegado al punto en que debemos defender la separación entre Iglesia y Estado como dos realidades no solo diferentes, sino fundamentalmente incompatibles», declaró.
Mientras el gobierno de Quebec sigue adelante con su proyecto de construcción nacional y redefine la ciudadanía en torno a una cultura común difícil de alcanzar, las tensiones con otros sectores de la sociedad y con el resto de Canadá parecen destinadas a aumentar.
