(Catholic Herald/InfoCatólica) El arzobispo electo de Liverpool (*), Mons. John Sherrington, responsable de los Asuntos de la Vida en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha advertido que el proyecto de ley que legalizaría el suicidio asistido en Gran Bretaña causará un «daño irreversible».
Esto incluye la posibilidad de que residencias y hospicios católicos que brindan cuidados paliativos, así como las personas que los dirigen o colaboran en ellos —como miembros de órdenes religiosas— se vean en situaciones insostenibles y en conflicto con su conciencia, al tener que permitir o tolerar que se practique el suicidio asistido en las mismas instalaciones.
El viernes 18 de mayo se celebró en el Parlamento del Reino Unido un debate de cinco horas sobre el proyecto de ley de la diputada laborista Kim Leadbeater, titulado Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, antes de una votación final prevista para el mes próximo.
La eutanasia y el suicidio asistido son actualmente ilegales en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y su práctica se considera homicidio o asesinato. En Escocia no existe legislación específica al respecto, pero las personas involucradas pueden ser procesadas por asesinato.
El proyecto de ley presentado por Leadbeater permite a adultos terminales mayores de 18 años solicitar el suicidio médicamente asistido.
Rechazo frontal de los obispos
«Los obispos católicos de Inglaterra y Gales han sostenido de manera constante que el proyecto de ley es erróneo desde el principio y es fundamentalmente defectuoso», declaró Sherrington.
«Además, el proceso parlamentario utilizado para este proyecto ha resultado claramente inadecuado y ha carecido del tiempo necesario para un debate adecuado y sostenido. La información sobre el proyecto de ley y sus enmiendas se ha publicado repetidamente muy cerca de los debates clave, dejando a los parlamentarios sin tiempo suficiente para su análisis.
«Durante la etapa de informes, los parlamentarios solo tuvieron cinco horas para discutir cerca de 60 páginas de enmiendas», dijo Sherrington, quien fue nombrado recientemente al frente de la Arquidiócesis de Liverpool.
Los hospicios y residencias no podrán negarse
Agregó que los obispos están «profundamente preocupados» porque el Parlamento haya rechazado una enmienda que habría permitido a hospicios y residencias negarse a participar de cualquier forma en el suicidio asistido.
El obispo ha advertido que «si este proyecto se aprueba, tenemos serias preocupaciones sobre la capacidad de los hospicios y residencias católicas para funcionar de manera efectiva y seguir brindando cuidados paliativos de alta calidad. También nos preocupa que las personas tengan dificultades para encontrar instituciones donde se sientan seguras. Los hospicios y residencias no podrán impedir que un empleado facilite el suicidio asistido».
«Además, no hay garantía de que en el futuro la financiación del NHS o de las autoridades locales no esté condicionada a la prestación del suicidio asistido por parte de hospicios y residencias», señaló Sherrington.
Dijo estar agradecido de que la diputada Sarah Olney haya señalado que el suicidio asistido socava la misión y el propósito de los hospicios y residencias, y que «deberían tener derecho a negarse a ofrecerlo en sus instalaciones si no desean participar en ello».
Mientras tanto, el parlamentario Edward Leigh manifestó la misma preocupación:
«Si, según el ministro, las residencias gestionadas por órdenes religiosas deben prestar este servicio, esas órdenes tendrán que dejar de gestionar residencias totamente».
El prelado o reconoció esta posibilidad y dijo que es una perspectiva alarmante que reduce la libertad en nuestra sociedad.
«Tengo serias reservas sobre la enmienda propuesta para ampliar el número de profesionales con derecho a objetar a participar en el suicidio asistido. La experiencia demuestra que, incluso cuando se concede a los profesionales médicos el derecho a la objeción de conciencia, su capacidad para ejercerlo se restringe posteriormente, ya que el acceso a la prestación se convierte en prioritario», explicó Sherrington.
Instó a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a actuar, rezando y contactando a sus representantes parlamentarios «para concienciar sobre el daño irreversible que este proyecto de ley provocaría».
«Los parlamentarios deben tener tiempo adecuado para debatir una ley que cambia fundamentalmente la sociedad. Eso no ha ocurrido y por tanto el proyecto debe ser rechazado», concluyó Sherrington.
Los médicos, también en contra
Las declaraciones de Sherrington siguen a un comunicado del Real Colegio de Médicos (RCP), que advirtió que el proyecto de ley presenta deficiencias que lo hacen inseguro tanto para los pacientes como para los médicos.
«Nos preocupa que los pacientes no tendrían una elección equitativa de servicios debido a la desigualdad en la disponibilidad y la insuficiencia de cuidados al final de la vida y cuidados paliativos en Inglaterra y Gales», indica el comunicado.
Un parlamentario ha señalado que los cuidados paliativos en el Reino Unido «se encuentran entre los peores del mundo desarrollado».
«Estas desigualdades en la atención son especialmente evidentes en las poblaciones más desfavorecidas», afirma el RCP. «Existe una escasez generalizada de personal sanitario y asistencial que ofrece estos servicios, junto con una demanda creciente y una gran variabilidad en dónde, cuándo y cómo se prestan o están disponibles estos servicios».
(*) Su instalación está programada para el 27 de mayo de 2025 en la Catedral Metropolitana de Cristo Rey en Liverpool. Anteriormente, fue obispo auxiliar de la Diócesis de Westminster (2011-2025) y titular de Hilta, además de sacerdote en la Diócesis de Nottingham desde 1987.
