(C-Fam/InfoCatólica) Aunque el tratado, aprobado por la Asamblea General, busca combatir diversos delitos en línea, solo aborda parcialmente los riesgos vinculados a la explotación sexual de menores, dejando sin penalizar ciertos contenidos virtuales sexualizados.
El tratado exige penalizar el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, pero permite que persista una amplia variedad de contenido sexualizado que involucra a menores. Por ejemplo, si bien se criminaliza el llamado «material de abuso sexual infantil», esta categoría se limita a imágenes de niños reales. Esto deja fuera representaciones creadas por inteligencia artificial, a pesar de que estas imágenes, cada vez más realistas, pueden ser igualmente dañinas.
Este vacío legal permitiría que algunos países despenalicen por completo la pornografía infantil virtual, así como el sexting privado entre menores, incluso cuando se produce entre un menor y un adulto. Aunque estas prácticas seguirían siendo ilegales bajo la ley federal de Estados Unidos, el nuevo tratado ofrece la posibilidad de que otras naciones no las sancionen.
El tratado fue adoptado por la Asamblea General el 24 de diciembre de 2024. Para que entre en vigor, al menos cuarenta países deben firmarlo y ratificarlo. Una ceremonia de firma está prevista para julio de 2025, durante una cumbre en Hanói.
Los defensores del tratado argumentan que legalizar el sexting es una medida compasiva, ya que consideran que los adolescentes tienen derecho a la expresión sexual. Algunos sostienen también que permitir a los pedófilos consumir material sexual virtual podría reducir el riesgo de que abusen de niños reales. Además, afirman que eliminar el término «pornografía infantil» evita revictimizar a quienes han sido explotados, y enmarcan estas propuestas dentro de un enfoque «informado por el trauma» y de «reducción de daños», basado en nuevas teorías de la terapia conductual.
Sin embargo, estos planteamientos parecen chocar con la prioridad de las fuerzas del orden de prevenir el abuso antes de que ocurra. No hay evidencia sólida de que estas estrategias hagan más eficaz la lucha contra la explotación sexual. De hecho, hasta hace poco, expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos se oponían a este tipo de enfoques.
Además, estudios indican que permitir el acceso a pornografía virtual puede aumentar —y no disminuir— los casos de abuso sexual infantil. Organizaciones contra la trata de personas también han advertido que muchas niñas menores de edad son introducidas en la industria del sexo a través del sexting.
Una reciente investigación del Wall Street Journal reveló que los chatbots de Meta representan un grave riesgo para los menores. El informe señala que ejecutivos de la empresa permitieron deliberadamente que estos bots mantuvieran conversaciones sexuales con niños y se hicieran pasar por menores dispuestos a participar en actos sexuales. Según la investigación, tanto los depredadores sexuales como los gigantes tecnológicos comparten el interés de facilitar la sexualización infantil en línea.
Los programadores de Meta, según el informe, fueron presionados por la dirección de la empresa para no imponer restricciones estrictas al contenido sexual, incluso cuando involucraba a menores, debido al alto nivel de interacción y los beneficios económicos que generaba. Como resultado, los sistemas de protección eran ineficaces por diseño. Los chatbots llevaban a los menores a conversaciones sexuales cada vez más explícitas y degradantes, y en algunos casos se hacían pasar por niños dispuestos a aceptar comportamientos sexuales lascivos o violentos de parte de adultos y otros menores.
El Congreso de Estados Unidos lleva más de treinta años advirtiendo sobre la necesidad de sancionar todas las formas de pornografía infantil simulada, incluida la virtual y el sexting, ya que estas prácticas ponen a los menores en peligro. La mencionada investigación del Wall Street Journal parece confirmar esa preocupación.
