(LifeSite/InfoCatólica) El 7 de mayo, la Corte Suprema de Estonia dictaminó que el suicidio asistido es un derecho fundamental para cualquier persona competente que desee poner fin a su vida de manera voluntaria, por cualquier motivo, y que ayudar a alguien en ese acto no constituye un servicio de salud.
Este fallo se produjo en respuesta a un caso penal contra Paul Tammert, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur el 11 de octubre de 2023. Tammert había fabricado un dispositivo casero de suicidio que incluía un cilindro de gas conectado por tubos a una máscara. Alquilaba este dispositivo ya operativo a quienes quisieran utilizarlo, dejando en manos de los propios usuarios la decisión de iniciar el proceso de suicidio. El dispositivo fue utilizado al menos en tres ocasiones: dos personas fallecieron y una sobrevivió debido a que el gas se agotó.
Como informó ERR News, los tribunales de primera y segunda instancia declararon a Tammert culpable de «realizar actividades económicas no autorizadas en un ámbito relacionado con servicios de salud». Sin embargo, la Corte Suprema, en una decisión confusa, determinó que, dado que el suicidio no es un acto relacionado con la salud, Tammert no podía ser declarado culpable de realizar actividades económicas sin licencia y lo absolvió. La Corte señaló que Tammert no participó en diagnósticos, exámenes ni tratamientos, y que no facilitó personalmente los suicidios.
Además, la Corte fue más allá, afirmando que el suicidio voluntario es un derecho fundamental, y que ayudar a alguien a suicidarse solo es un delito si la persona «no puede actuar de forma independiente o carece de plena comprensión de sus actos». También hizo un llamado al parlamento estonio para que «elabore regulaciones sobre la facilitación no médica del suicidio, a fin de prevenir abusos, citando la necesidad de un marco legal claro, como lo ha apoyado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Según la sentencia:
«Es comprensible la preocupación expresada por la fiscalía durante la audiencia: que, si la asistencia para terminar con la vida se ofrece como un servicio, serán necesarios principios claros, considerando el grado de intervención en la salud de una persona y la necesidad de prevenir posibles abusos. Esto incluiría establecer cuándo puede prestarse dicha asistencia, por quién, en base a qué criterios se determinaría la necesidad del servicio y cómo se llevaría a cabo el procedimiento. La falta de principios claros podría conducir a consecuencias no deseadas y exponer al Estado a responsabilidades legales».
La Corte añadió además que «si el Estado permite un fácil acceso a los servicios de muerte asistida, resulta especialmente importante establecer un marco legal adecuado para evitar posibles abusos en la prestación de tales servicios».
Hasta el momento, el gobierno de Estonia no ha respondido oficialmente a la sentencia ni ha anunciado su intención de iniciar la elaboración de legislación sobre el suicidio asistido. La opinión pública en el país continúa profundamente dividida sobre este tema.
Como señaló ERR News, esta decisión de la Corte Suprema de Estonia parece seguir la tendencia europea en este ámbito. «Hace cinco años, el tribunal más alto de Alemania declaró que el suicidio es un derecho fundamental —para todos y por cualquier motivo— y que recibir asistencia o asistir a otros en este acto son derechos accesorios vinculados a esa libertad», escribió el ético Wesley J. Smith en National Review. «En otras palabras, muerte a demanda. Ahora, la Corte Suprema de Estonia parece haber seguido el mismo camino».
El suicidio asistido es un derecho legal, al menos en algunas circunstancias, en Suiza (desde 1942), Alemania (2020), Austria (2022), Bélgica (2002), Países Bajos (2001), Luxemburgo (2009), España (2021), Italia (2019) y Portugal (2023, aunque aún no ha entrado en vigor). El suicidio asistido y la eutanasia siguen siendo ilegales en 41 países europeos. Actualmente, el Reino Unido está debatiendo la legalización del suicidio asistido, y los informes más recientes indican que la mayoría de los parlamentarios podría votar en contra de su aprobación a finales de este mes.
