(LSN/InfoCatólica) El primer proyecto vetado, HB1716, proponía establecer un derecho general a la anticoncepción, incluyendo el acceso para menores sin necesidad de consentimiento parental. Youngkin justificó su decisión afirmando que, si bien apoya el acceso a métodos anticonceptivos, la redacción del texto contenía disposiciones demasiado amplias.
«La Asamblea General se negó a adoptar mis enmiendas razonables, que incluían una cláusula de objeción de conciencia para proteger la libertad religiosa», explicó el gobernador. Según Youngkin, la iniciativa habría permitido demandas contra padres, subdivisiones políticas y profesionales médicos incluso cuando estos actuaran dentro de sus competencias legales y profesionales. Además, sostuvo que el proyecto socavaba el derecho de los padres a orientar la crianza y el cuidado de sus hijos.
El segundo proyecto, HB2371, habría obligado a las aseguradoras a cubrir métodos anticonceptivos considerados abortivos, sin permitir exenciones por motivos religiosos o de conciencia. Youngkin argumentó que esta medida habría forzado a numerosas organizaciones a actuar en contra de sus creencias, al no contemplar salvaguardas para sus convicciones éticas o religiosas.
A pesar de estos vetos, el gobernador firmó el HB1609, una ley que establece una comisión para estudiar si ciertos procedimientos como el almacenamiento de embriones —práctica habitual en los tratamientos de FIV— deben ser considerados beneficios esenciales de salud. Aunque la medida no impone una cobertura obligatoria, organizaciones provida como The Family Foundation expresaron su preocupación. Su presidenta, Victoria Cobb, advirtió que esta iniciativa «nos acerca a una aprobación plena de esta industria sin garantías ni consideración de procedimientos alternativos para abordar la infertilidad».
Estas decisiones se suman al veto que Youngkin ya había ejercido en marzo sobre un proyecto que pretendía establecer zonas de exclusión alrededor de clínicas abortivas, argumentando que la medida podría criminalizar la simple portación de un cartel por parte de manifestantes provida.
Mientras tanto, un reciente informe del Instituto Guttmacher señaló que los abortos en Virginia aumentaron en 5.500 casos entre 2023 y 2024, principalmente debido a la llegada de mujeres provenientes de estados con leyes más restrictivas. Actualmente, doce estados en EE. UU. prohíben total o parcialmente el aborto.
El panorama legislativo en Virginia refleja la pugna constante entre las fuerzas provida y quienes defienden una expansión de los derechos reproductivos, una dinámica que podría intensificarse cuando Youngkin concluya su mandato en enero de 2026.
