(InfoCatólica) La directiva se enmarca en la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que establece nuevas restricciones a la financiación federal para proveedores de servicios médicos que incluyan tratamientos de transición de género. El memorando de Bondi también ordena a la División Civil del Departamento de Justicia que examine si las farmacéuticas y distribuidores de bloqueadores de la pubertad y hormonas sexuales han incurrido en publicidad engañosa o afirmaciones falsas.
En el mismo texto, se rechaza el uso de las guías clínicas de la Asociación Mundial Profesional para la Salud Transgénero (WPATH), a las que se califica de «ideológicas». Se insta además a formar una coalición federal y estatal para coordinar posibles acciones legales, y se propone redactar legislación que permita a menores y sus familias demandar retroactivamente a profesionales médicos por daños.
La medida ha contado con el respaldo de figuras como la fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien declaró que «es fundamental proteger a los menores de intervenciones médicas irreversibles que puedan causarles daño». También ha sido apoyada por organizaciones como la Alianza para la Defensa de la Libertad, que calificó la iniciativa como «un paso esencial para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes en Estados Unidos».