(InfoCatólica) La nueva normativa, impulsada por la iniciativa popular «Liberi Subito» y respaldada por la Asociación Luca Coscioni, ha sido aprobada por el Consejo Regional con 27 votos a favor y 13 en contra.
El texto legislativo define los procedimientos y plazos en los que un ciudadano podrá solicitar el suicidio asistido, estableciendo que las autoridades sanitarias deberán garantizar que el proceso se complete en un máximo de 54 días. Para ello, se creará una comisión multidisciplinaria que verificará los requisitos exigidos.
La ley establece que el suicidio asistido podrá solicitarse en casos en los que el paciente sea plenamente consciente y sufra una patología irreversible con «sufrimientos físicos y psicológicos intolerables». La normativa también contempla la objeción de conciencia del personal médico y sanitario, garantizando que su participación en el proceso sea voluntaria.
El presidente de la región, Eugenio Giani, del progresista Partido Demócrata (PD), calificó la medida como «un salto de calidad y civismo» y criticó al Parlamento nacional por no haber legislado sobre esta materia tras la despenalización de 2019. En contraste, la asociación provida «Provita e Famiglia» ha solicitado al Gobierno de Giorgia Meloni que impugne la ley por considerarla «evidentemente inconstitucional». Se da por hecho que Meloni apoyará esa impugnación.
Desde la Conferencia Episcopal Toscana, el cardenal Paolo Augusto Lojudice ha manifestado su oposición, calificando la regulación del suicidio asistido como «una derrota para todos». En su declaración, hizo un llamamiento a capellanes, religiosos y voluntarios para que continúen «siendo portadores de esperanza y vida».
El proceso de implementación de la ley se llevará a cabo en varias fases. En un plazo de 15 días desde la entrada en vigor, las Autoridades Sanitarias Locales deberán conformar una comisión multidisciplinaria para verificar los requisitos del suicidio asistido. El procedimiento de verificación deberá completarse en un máximo de 20 días desde la solicitud. Si el resultado es positivo, la comisión definirá las modalidades de implementación en un plazo de 10 días, y la ASL garantizará el apoyo técnico, farmacológico y sanitario en un plazo adicional de 7 días.
La ley también establece que los costos de los medicamentos y equipos médicos necesarios, que hasta ahora recaían en los familiares, estarán cubiertos por el servicio de salud, considerándose como una prestación adicional con un límite anual de 10.000 euros.
