(LSN/InfoCatólica) Tras recibir el visto bueno de la Corte Suprema de Indiana en julio del 2023, la ley, aprobada en agosto de 2022, prohíbe todos los abortos excepto los provocados por violación o incesto durante las diez primeras semanas o por «deterioro físico sustancial e irreversible» de la salud de la madre. También lo permite antes de nacer si el niño «sufre una condición médica irremediable que es incompatible con la vida sostenida fuera del útero» hasta las 20 semanas.
El informe detalla que ocho procedimientos se llevaron a cabo mediante medicamentos abortivos, trece mediante inyecciones intracardíacas para detener el corazón del feto y veinte por procedimientos quirúrgicos. Estos datos muestran una reducción constante desde la entrada en vigor de la ley en septiembre de 2023.
La normativa establece restricciones significativas, permitiendo abortos únicamente en casos de violación, incesto o riesgo grave e irreversible para la salud de la madre. También se permite en casos de anomalías fetales incompatibles con la vida hasta las 20 semanas de gestación. Además, la ley prohíbe los centros de aborto, restringiendo estos procedimientos a hospitales.
El impacto de estas medidas también ha sido analizado por grupos provida. Según Indiana Right to Life, aunque la ley permite excepciones, su aplicación ha resultado en el cierre de clínicas abortistas y en la reducción masiva de estos procedimientos. Mike Fichter, CEO de la organización, expresó dudas sobre el cumplimiento estricto de la normativa, señalando que los informes no detallan suficientemente las circunstancias de cada aborto.
«Los datos disponibles no son suficientes para garantizar que se esté respetando plenamente la ley», señaló Fichter. «Es esencial un seguimiento público de estos informes, como se ha hecho en el pasado, para asegurar su correcta aplicación».
El informe también muestra que aproximadamente un tercio de los abortos reportados presentaron complicaciones, incluyendo infecciones, hemorragias vaginales y casos de embarazos ectópicos no detectados. La alta incidencia de complicaciones refuerza las preocupaciones sobre los riesgos de estos procedimientos, especialmente cuando se realizan con medicamentos sin supervisión médica adecuada.
Desde la anulación de Roe v. Wade en 2022, varios estados han implementado restricciones similares, lo que ha llevado a una disminución general en el número de abortos reportados.
