(CNA/InfoCatólica) Un total de 112 miembros del Congreso de los Estados Unidos firmaron el pasado 22 de noviembre una carta dirigida a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) solicitando una investigación detallada sobre los fondos federales otorgados a proveedores de servicios de aborto, tanto a nivel nacional como internacional, en el periodo 2020-2023. Entre las entidades mencionadas destacan Planned Parenthood Federation of America y MSI Reproductive Choices.
La iniciativa fue liderada por el copresidente del Caucus Pro-Vida de la Cámara de Representantes, Chris Smith (R-NJ), junto a la senadora Marsha Blackburn (R-TN) y los representantes Robert Aderholt (R-AL) y Claudia Tenney (R-NY). En total, 81 miembros de la Cámara de Representantes y 31 senadores respaldaron la carta, incluyendo a figuras clave como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, el líder de la mayoría, Steve Scalise (R-LA), y el próximo líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-SD).
Un informe previo de la GAO, publicado en 2023, reveló que entre 2019 y 2021 el gobierno estadounidense destinó 1.890 millones de dólares a organizaciones relacionadas con el aborto. Este financiamiento ha suscitado preocupaciones éticas y políticas entre los legisladores pro-vida, quienes buscan una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
FIV para personal militar
En un tema relacionado, dos representantes republicanos, Matt Rosendale (MT) y Josh Brecheen (OK), enviaron una carta el 21 de noviembre pidiendo que no se amplíe la cobertura del tratamiento de fertilización in vitro (FIV) para el personal militar. Argumentan que la práctica conlleva costos elevados y dilemas éticos, incluyendo la creación y destrucción de embriones.
Por otro lado, en Texas, se presentó el proyecto de ley HB 1339, que propone reclasificar las píldoras abortivas como sustancias controladas de nivel IV. De ser aprobada, la medida entraría en vigor el 1 de septiembre de 2025, endureciendo las regulaciones sobre su uso y posesión.
