Les recibe una directora general sin competencias sobre la materia

El ministro de Educación se niega por tercera vez a reunirse con los padres objetores a Educación para la Ciudadanía

Los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) han solicitado tres veces una reunión con el ministro Ángel Gabilondo. En la última ocasión, Marisa Pérez Toribio, presidenta de «España Educa en Libertad (EEL)», que agrupa a la mayoría de padres objetores, recibió como respuesta una invitación a reunirse con la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver. A instancias de EEL, el Ministerio aclaró que aunque dicha Directora General no tiene capacidad de decisión en esta materia, «trasladaría» las propuestas que pudieran formularle los padres objetores a Eva Almunia, Secretaria de Estado de Educación.

(EEL/InfoCatólica) Después de tres años de polémica por la falta de diálogo del Gobierno, el Ministerio de Educación sigue ninguneando a los padres objetores mientras Gabilondo intenta vender un presunto «pacto educativo» que –según dice– «progresa adecuadamente». 

Pero los representantes de España Educa en Libertad no cejan en su empeño y han vuelto a dirigirse por carta (que se adjunta) a Ángel Gabilondo, comunicándole que sus hijos permanecerán fuera de clase hasta que este conflicto se resuelva satisfactoriamente, algo que, según reconocen, «será difícil que suceda si ese Ministerio se obstina en mantenernos excluidos de cualquier conversación, debate o contacto encaminado a buscar una solución que pueda ser aceptable para todos».

En todo caso, Marisa Pérez Toribio recuerda dos condiciones irrenunciables previas a cualquier conversación con el Ministerio. Una es el reconocimiento de la primacía del derecho de los padres a formar libremente a sus hijos, según sus propias convicciones morales y religiosas como establece el artículo 27.3 de la Constitución Española; la otra, que su disposición a aceptar asignaturas obligatorias de educación cívica está subordinada a la garantía de que éstas no supongan un adoctrinamiento moral ni impongan una determinada visión de la persona y la vida, tal como ha establecido el Tribunal Supremo.

Mientras, la vía judicial sigue su ritmo y ya son más de 180 las sentencias judiciales que, habiendo sido dictadas por un juzgado de Zaragoza y por el Tribunal Superior de Justicia de  Castilla y León después de las resoluciones del Tribunal Supremo del pasado mes de febrero, eximen a más de 350 alumnos de cursar EpC. Por otra parte, los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia tienen que pronunciarse sobre 245 nuevos recursos de padres que reclaman su derecho a objetar.

Y es que, según España Educa en Libertad, lo único que preocupa al Gobierno en relación con EpC es que sigue habiendo alumnos que no entran en clase porque sus padres han objetado. Por ese motivo, los padres seguirán informando y promoviendo la objeción a unas asignaturas que se entrometen en su derecho fundamental de educar a sus hijos según sus convicciones.

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