(KathPress/InfoCatólica) Después de que la semana anterior el dictador Daniel Ortega, deportara a 222 opositores a Estados Unidos y de que el obispo Rolando Álvarez y cinco sacerdotes fueran condenados a largas penas de prisión, el régimen de Nicaragua actúa ahora contra más opositores en el exilio.
94 personas, la mayoría residentes en el extranjero, entre ellos el obispo auxiliar Silvio José Báez Ortega (65 años), que vive en Florida desde 2019 a petición del Papa, fueron declarados el miércoles (hora local) «traidores a la patria», se les revocó la ciudadanía y se les confiscaron sus bienes, informaron medios centroamericanos.
Entre los afectados se encuentran periodistas independientes, opositores, activistas de derechos humanos, la dirigente campesina Francisca Ramírez, el ex canciller Norman Caldera, el ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, y los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Con el obispo Báez Ortega y el sacerdote Edwin Román, también figuran en la lista dos representantes de la Iglesia. Su estatus oficial es ahora el de «prófugos de la justicia».
Según la decisión del Tribunal de Apelación de Managua, leída por el juez encargado, Ernesto Rodríguez Mejía, a los 94 críticos del gobierno se les aplicará a partir de ahora una «inhabilitación absoluta y especial para ocupar cargos públicos, ejercer funciones públicas en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, y desempeñar cargos de elección popular, o la pérdida de sus derechos civiles de por vida».
Según el juez, las medidas ordenadas -entre ellas la «clausura y confiscación de bienes inmuebles y sus negocios en beneficio de la República de Nicaragua»- servían al propósito de «garantizar la paz social, la seguridad jurídica, la independencia, la soberanía y la autodeterminación del Estado de Nicaragua y, en particular, la protección de la sociedad nicaragüense».
Ya durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), que el presidente Ortega dirigió en sus últimos cinco años, la confiscación de propiedades fue una práctica habitual. Miles de casas, propiedades y empresas industriales fueron expropiadas a personas relacionadas con el derrocado dictador Anastasio Somoza (1925-1980).
El obispo exiliado Báez sigue siendo uno de los críticos más conocidos del gobernante Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes acusa de crímenes contra la Iglesia y contra los derechos humanos. Su voz resonó internacionalmente, sobre todo durante el levantamiento civil de abril de 2018 y la posterior masacre perpetrada por el régimen, que dejó decenas de muertos. Debido a las continuas amenazas de muerte, el Papa Francisco retiró a Báez de Nicaragua en 2019. Desde entonces, Báez ha seguido la situación del país desde el exilio.
Báez respondió a la revocación de su ciudadanía el jueves con un mensaje en Twitter. «¡Dios de la vida y la liberación! Te doy gracias por ser nicaragüense, orgullo que nadie me puede quitar. Te pido que nos guíes en el camino de la liberación de nuestro país, donde el pueblo es oprimido y tu santa iglesia es perseguida. Por Cristo nuestro Señor», dijo el Obispo Auxiliar.
