(Diario de Sevilla/InfoCatólica) La Hermandad ha recibido el protocolo de actuación enviado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. A partir de ahí, y una vez solventadas algunas dudas que aún existen sobre dicha actuación, se procederá a cumplir con lo establecido en la nueva Ley de Memoria Democrática y se pondrá fin a uno de los asuntos más polémicos a los que se ha tenido que enfrentar la hermandad las últimas décadas.
«La semana pasada entró en vigor la ley y el lunes recibimos la carta instándonos a las exhumaciones», refieren desde la hermandad.
El nuevo escrito deberá resolver algunas dudas sobre el procedimiento a llevar a cabo: cómo se realizará y las personas que han de estar presentes (se supone que habrá de acudir algún representante del Estado). Por ahora, uno de los aspectos que aún no se ha resuelto es el económico. ¿A quién corresponde pagar estos trabajos? Según defiende la hermandad, es una cuestión que no queda establecida en la nueva ley ni en la orden enviada el pasado lunes, pese a que el ministro de Memoria Democrática, Félix Bolaños, dijera a principios de octubre que es la corporación la que debe afrontar el gasto.
El coste de la exhumación
En cuanto al precio que alcanza una exhumación, existe una gran oscilación. Fuentes del sector funerario consultadas por este periódico aseguran que puede llegar a los 15.000 euros, según siempre el tipo de trabajo a realizar y las dificultades que se presenten (a mayor profundidad, más labores). Éste sería el supuesto más caro, pues las exhumaciones ordinarias tienen un precio que oscila entre los 200 y 500 euros. Sacar a Franco del Valle de los Caídos costó 126.000 euros.
Otra duda que se plantea es qué hacer con los restos mortales de Genoveva Martí Tovar, esposa de Queipo de Llano y que descansa junto a él. La orden estatal no la menciona, al no estar afectada por la Ley de Memoria Democrática. Según fuentes de la hermandad, serán los familiares los que decidan si también se procede a su exhumación.
A ello hay que añadir otro aspecto no resuelto: el lugar definitivo donde se depositarán estos restos. El actual hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, ya expresó en 2018 que la intención de la corporación era el traslado al columbario, que se inauguró en 2020. Habrá que atender ahora a la voluntad de los descendientes de Queipo de Llano y de Bohórquez. Un deseo que deberá respetar también lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, que puede poner también objeciones a que ocupen un cubículo en dicho lugar, de ahí que la hermandad tenga mucha cautela en toda la información que se ofrece sobre este asunto. En principio, no debería haber problema para ello.
Además de Queipo de Llano, la misiva del Gobierno exige la salida de Francisco Bohórquez del lugar que ocupa en en la actualidad, en el presbiterio de la basílica. Este general, mano derecha de Queipo de Llano y auditor de guerra, recibió enterramiento en este zona privilegiada del templo macareno por haber ocupado el cargo de hermano mayor desde la guerra civil hasta su muerte, en 1955. Durante dicho periodo se construyó la basílica, lo que hizo posible que la hermandad volviera a su barrio tras años de exilio en la Iglesia de la Anunciación, al haber sido incendiado el templo de San Gil por el bando popular.
