(Agencias/InfoCatólica) El comunicado ha sido dado a conocer por el duque de Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, representante de la familia, días después de aprobarse definitivamente la Ley de Memoria Democrática y tras unas declaraciones del ministro Félix Bolaños a la cadena Ser, en las que avanzó que cuando dicha norma entre en vigor se iniciarán «las actuaciones pertinentes» para exhumar a José Antonio Primo de Rivera y a Gonzalo Queipo de Llano de los lugares donde actualmente se encuentran enterrados –las basílicas del Valle de los Caídos y de La Macarena, respectivamente–.
Dado que el artículo 54.3 de la Ley de Memoria Democrática establece que las criptas adyacentes a la basílica del Valle de los Caídos y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil, la familia de Primo de Rivera se considera «obligada a cumplir la voluntad de nuestro tío y llevar a cabo la exhumación y correspondiente inhumación de sus restos mortales en un cementerio sagrado de acuerdo con el rito católico», dice el comunicado.
Con esta decisión, por tanto, «no ha lugar» a la tramitación del procedimiento previsto en la disposición adicional segunda de la ley, y el proceso de exhumación «debe permanecer y permanecerá dentro de la estricta intimidad familiar, sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles».
Los familiares también aseguran que «José Antonio seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles y no podrá ser objeto de más humillaciones. Como mucha gente sabe, este traslado sería el cuarto que se produce desde su muerte y su nuevo enterramiento sería el quinto de su mal llamado eterno descanso. Pocos restos humanos han viajado tanto. Pero conociendo sus ideas, esta sería probablemente la última de sus preocupaciones», continúa el escrito.
La familia de José Antonio Primo de Rivera también ha querido reivindicar las figuras de su hermana Pilar y su sobrino Miguel a los que, con la Ley de Memoria Democrática, se les arrebata los títulos de Conde del Castillo de la Mota y Duque de Primo de Rivera, que con tanta honra y dignidad llevaron.
Cabe recordar que el fundador de la Falange Española dejó establecida en la primera cláusula de su testamento su voluntad de «ser enterrrado conforme al rito de la Religión Católica, Apostólica, Romana que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz».
