(LD/InfoCatólica) Según denuncian, los monjes permanecen «ilegalmente» en el Valle, por lo que, de no tomar medidas al respecto, amenazan con presentar una denuncia por prevaricación ante la Fiscalía «ante el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno». En concreto, la ARMH afirma que «desde el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio que regula la presencia de un grupo de monjes» en ese lugar, firmado entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos y que desde 1958 regía la presencia de esa congregación religiosa en Cuelgamuros.
La extinción del convenio
Según la asociación, al no haber sido renovado por el Estado y haber transcurrido cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, el convenio está extinguido. Esta ley, en su disposición adicional octava, dicta que «cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley quedará extinguido a los cuatro años», un plazo que se habría cumplido el pasado 2 de octubre de 2020.
Con todo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica defiende que la comunidad benedictina «debería haber abandonado el Valle de los Caídos el pasado 1 de octubre de 2020, último día de vigencia del convenio que les autorizaba a residir y gestionar sus instalaciones». A partir de ese día, reza el escrito dirigido al Ejecutivo, «su estancia debe considerarse ilegal y el Gobierno, en su deber de velar por la legalidad, debería haber obligado a los monjes a abandonar el recinto y dejar de ejercer cualquier control sobre el mismo».
Los monjes pueden seguir hasta nueva orden
Fuentes consultadas por InfoCatólica señalan que la extinción del convenio no implica de ninguna de las maneras la salida automática de los monjes, cuya presencia además cumple la función de atender al culto católico en la Basílica, algo que está garantizado por los acuerdos entre la Santa Sede y el estado español.
El futuro del Valle, y sobre todo del culto católico en el mismo, dependerá en buena medida de las futuras negociaciones entre el actual o próximos gobiernos con la propia Iglesia.
