(LifeSiteNews/InfoCatólica) Un tribunal de apelación de Luisiana ha dictaminado que el estado puede volver a aplicar la prohibición del aborto durante todo el embarazo, lo que supone una importante victoria para los antiabortistas del Estado Pelícano.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Luisiana concedió el viernes la petición del fiscal general Jeff Landry de dejar que la prohibición entre en vigor mientras el estado apela la sentencia de un tribunal inferior que la bloqueó la semana pasada.
La ley de activación de Luisiana, promulgada en 2006 y revisada en junio, prohíbe el aborto a partir de la «fecundación e implantación», excepto cuando sea necesario para preservar la vida de la madre o evitar una lesión física grave, o si se considera que un bebé no nacido es «médicamente inútil». Muchos defensores de la vida argumentan que nunca hay una circunstancia en la que el aborto sea médicamente necesario.
El juez Donald Johnson, del distrito 19 de Baton Rouge, había emitido una orden judicial preliminar contra la ley el 21 de julio a petición de los proveedores de abortos.
«Las leyes provida de Luisiana pueden ser aplicadas», tuiteó Landry el viernes. «El Primer Circuito ha ordenado al juez Johnson que conceda nuestra apelación suspensiva».
Todavía no está claro cuándo volverá a entrar en vigor la prohibición, ya que Johnson no ha firmado la orden del Primer Circuito hasta el viernes por la tarde, según The Advocate. Las tres clínicas de aborto que quedan en Luisiana cerrarán cuando él lo haga.
Las clínicas de aborto de Luisiana han cerrado y reabierto repetidamente desde la decisión del Tribunal Supremo del 24 de junio en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, que anuló el caso Roe v. Wade y devolvió la regulación del aborto a los estados y al Congreso.
La ley de activación de Luisiana entró en vigor inmediatamente después de la revocación de Roe, pero el juez de distrito estatal Robin Giarrusso la bloqueó temporalmente días después.
El Centro para los Derechos Reproductivos, un grupo de presión pro-aborto, y Boies Schiller Flexner LLP, un bufete de abogados con vínculos con el Partido Demócrata, demandaron para prohibiciones de aborto de Luisiana en nombre de una clínica de aborto de Shreveport, argumentando que las leyes son inconstitucionalmente vagas.
La orden de Giarrusso expiró en julio cuando otro juez se negó a prorrogarla, aunque el juez Johnson volvió a bloquear la ley de activación la semana siguiente.
Desde que el Tribunal Supremo anuló la ley Roe, se han notificado casi 250 abortos al departamento de salud de Luisiana, señaló The Advocate.
Todos los demás estados del sur profundo y todos los vecinos de Luisiana aplican actualmente la prohibición del aborto en el momento de la concepción o en torno a las seis semanas de embarazo.
La ley de activación de Luisiana considera que realizar un aborto o suministrar intencionadamente a una mujer embarazada medicamentos para matar a su bebé no nacido es un delito que conlleva hasta 10 años de prisión y 100.000 dólares de multa. Las penas por abortos tardíos (después de 15 semanas de embarazo) aumentan hasta un máximo de 15 años de prisión y multas de 200.000 dólares.
La prohibición del aborto permite excepciones para «un procedimiento médico necesario según el criterio médico de buena fe o el criterio médico razonable» para prevenir la muerte de la madre o evitar una lesión grave y permanente de una función corporal importante «debido a una condición física». También permite la «extirpación de un niño no nacido» si al menos dos médicos lo consideran «médicamente inútil».
Para que un aborto evite supuestamente la muerte de la madre, la ley exige que el médico «haga esfuerzos médicos razonables según las circunstancias para preservar tanto la vida de la madre como la de su hijo no nacido».
