(ANPE/Infocatólica) El profesorado de Religión está indignado y se siente defraudado, y así se lo ha hecho saber a Juanma Moreno en una carta remitida por CSIF, USO y ANPE, sindicatos más representativos de estos docentes en Andalucía.
El motivo es que la Consejería de Educación ha hecho públicos hace pocos días los Borradores de Decretos y Órdenes de Desarrollo de la LOMLOE y en ellos se plantea una reducción de la carga lectiva de la asignatura de Religión en Primaria, lo cual acarrearía el equivalente a la desaparición de centenares de puestos de trabajo o, en su defecto, una reducción muy importante del sueldo y prestaciones sociales de los más de 2000 maestros y maestras de Religión andaluces.
Los contactos habidos con la Consejería del ramo desde entonces, en los que estos sindicatos han mostrado su preocupación, han sido poco tranquilizadores, pues todo apunta a que Educación va a publicar unas Instrucciones para su aplicación este próximo septiembre, que irían en la misma línea que los borradores conocidos.
En el escrito remitido al Presidente de la Junta, reclaman a éste una acción concreta o compromiso público en este tema, a pocas semanas de las elecciones autonómicas, y le preguntan si «va a cumplir su Programa de Gobierno de diciembre de 2018 que en su página 170 dice literalmente: «Respecto a la consideración de la enseñanza de Religión y del profesorado que la imparte; Respetaremos las dos sesiones de 45 minutos en ambas etapas de infantil y primaria».
También le recuerdan la situación tan diferente respecto a otras Comunidades Autónomas que están planteando borradores y normas que garantizan las condiciones laborales del profesorado de Religión, como Navarra que ha blindado por Ley los contratos de los maestros de Religión, o Madrid y Murcia que mantienen las actuales condiciones y carga lectiva, ya que la propia LOMLOE indica que han de ser las CC.AA. la que completen el 50% del currículo y, por tanto, de los horarios; por lo que, continúan en su escrito, «sería inconcebible que la Junta de Andalucía que Vd. preside mostrara tan poca sensibilidad social como la que conllevaría que lo enviado como Borrador se convirtiera en norma».
Hay que poner de manifiesto también que el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación y del Gobierno de la Junta, del compromiso de que en esta legislatura se llevarían a cabo las transferencias de estos docentes, impide que se les apliquen las medidas laborales contempladas en el Convenio Colectivo recientemente firmado, que solo es de aplicación al profesorado de Religión de Secundaria, y que de haber estado ya transferido el de Primaria, habrían compensado la perdida lectiva.
CSIF, USO y ANPE, que ya han solicitado los permisos para iniciar movilizaciones y han solicitado también una reunión urgente a Manuel Alejandro Cardenete, Consejero de Educación, terminan su misiva al Presidente indicando que no dudarán «en emprender todo tipo de movilizaciones y actuaciones, como las ya llevadas a cabo en 2014 y 2015 que incluyeron también la recogida de más de medio millón de firmas, con objeto de poner freno a esta grave situación que implicaría un quebranto laboral, económico y emocional para estos docentes y sus familias».
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