(LSN/InfoCatólica) El Departamento de Justicia anunció el 30 de marzo que la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del DOJ, junto con el Fiscal de los Estados Unidos Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia, han puesto en marcha «una acusación de dos cargos» a nueve ciudadanos pro-vida «por delitos federales contra los derechos civiles en relación con una supuesta invasión de una clínica de salud reproductiva en Washington, D.C., el 22 de octubre de 2020.»
Los cargos de la acusación son «conspiración contra los derechos y un delito contra la Ley FACE (ndt:Ley de Libre Acceso a la Entrada de Clínicas)», por lo que cada uno de los acusados podría enfrentarse a hasta 11 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 350.000 dólares.
El 22 de octubre de 2020, nueve antiabortistas entraron en el Washington Surgi-Center, una clínica abortista de D.C. situada en el 2112 de la calle F, un centro abortista tristemente célebre por ofrecer abortos tardíos en el segundo trimestre. Los provida estaban allí para organizar un «rescate tradicional», no un rescate siguiendo el moderlo conocido como de la Rosa Roja, para llegar a las mujeres a las que se les había programado un aborto y para defender a los niños no nacidos que iban a ser asesinados en la clínica, propiedad del abortista Cesare F. Santangelo, que tiene un historial de negligencia médica.
Una vez dentro, los rescatadores trataron de ofrecer ayuda a las familias que querían abortar, aconsejándolas para que cambiaran de opinión sobre el aborto de sus bebés, rezando con ellas e informándolas sobre los centros de recursos locales. Los provida bloquearon las entradas del centro abortista y se apostaron alrededor del complejo para impedir físicamente el acceso al edificio.
Lauren Handy, que organizó el rescate, dijo entonces a LifeSiteNews que «ya no estamos debatiendo con el mal, sino que nos enfrentamos a él de frente: hoy estamos utilizando nuestros cuerpos como escudos para proteger a nuestros hermanos no-nacidos del aborto.»
Nueve personas fueron detenidas y se les acusó inicialmente de allanamiento de morada en el D.C. Estaban esperando que se programara una comparecencia inicial ante el tribunal hasta que fueron detenidas el 30 de marzo.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia afirma que los antiabortistas «participaron en una conspiración para crear un bloqueo en la clínica de salud reproductiva para impedir que la clínica proporcionara, y que los pacientes recibieran, servicios de salud reproductiva».
El DOJ afirma además que «Handy, Smith, Harlow, Marshall, Hinshaw, Idoni, Goodman y Bell entraron por la fuerza en la clínica y se dispusieron a bloquear dos puertas de la clínica utilizando sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas». La acusación alega que los provida violaron la Ley FACE al utilizar una obstrucción física para dañar, intimidar e interferir con los empleados de la clínica y con un paciente, porque estaban prestando u obteniendo servicios de salud reproductiva.
Sin que los nueve acusados lo supieran -no se les ha dado fechas de juicio ni avisos de comparecencia-, el Departamento de Justicia convocó a un gran jurado para que examinara los cargos, tomando juramento a dicho jurado el 15 de febrero y presentando su acusación el 24 de marzo.
La Dra. Monica Miller, directora de Citizens for a Pro-Life Society y líder de Red Rose Rescue, dijo a LifeSiteNews que «como consecuencia, se emitieron inmediatamente órdenes de arresto y ocho de los nueve pro-vida fueron literalmente acorralados en una redada del FBI en sus casas y lugares de trabajo».
Los antiabortistas acusados son Lauren Handy, de 28 años; Jonathan Darnel, de 40 años; Jay Smith, de 32 años; Paulette Harlow, de 73 años; Jean Marshall, de 72 años; John Hinshaw, de 67 años; Heather Idoni, de 57 años; William Goodman, de 52 años; y Joan Andrews Bell, de 74 años, una veterana de estos rescates.
Will Goodman no fue localizado por los agentes del FBI pero tiene la intención de entregarse a las autoridades federales. Miller dijo a LifeSiteNews que el pasaporte de Heather Idoni fue confiscado por las autoridades federales - «lo que significa que probablemente se le impedirá participar en un viaje misionero que ya había planeado para ayudar a los refugiados en Ucrania y apoyar a su hijo adoptivo ucraniano que vive en el país devastado por la guerra».
