(Agencias/InfoCatólica) Según dijo el 8 de agosto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el gobierno estudia incluir en la ley de libertad religiosa la retirada de todos los símbolos religiosos de colegios e institutos públicos, excepto aquellos que tengan valor histórico, artístico o para el patrimonio.
En una rueda de prensa concedida en Rímini, el cardenal Rouco aclaró que "el gobierno no ha hecho ninguna declaración. Hay unas manifestaciones del ministro de Justicia que son más o menos privadas, es decir, yo no puedo hacerme eco de unas declaraciones dichas no sé dónde ni cómo por parte del ministro".
"Lo que sí es oficial es que el gobierno proyecta cambiar la ley de libertad religiosa. Pero tenemos que decir que no se nos ha remitido todavía ningún texto en torno al anteproyecto de ley, o sobre las bases del proyecto de ley".
"No hay ninguna documentación al respecto, salvo el anuncio público de que el gobierno pretende reformar la ley de libertad religiosa".
Según aclaró el cardenal, "la ley actual vigente sobre libertad religiosa afectaba a la Iglesia católica sólo muy subsidiariamente".
"Porque las relaciones jurídicas de la Iglesia católica con el Estado español se basan en los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 que siguen vigentes y seguirán vigentes". "Esto significa que sea cual sea el texto de la ley de libertad religiosa, de la nueva ley o de la ley reformada, este principio queda intocado".
"Es evidente que, a pesar de todo, una ley de libertad religiosa, que va a afectar sobre todo a otras realidades religiosas que no tienen instrumentos de regulación jurídica con el Estado español, sin embargo nos va a afectar a todos de un modo o de otro".
"Nos llama la atención que se haga ese proyecto de reforma de la ley de libertad religiosa, porque, en primer lugar, la ley existente es muy buena ley: ha abierto la posibilidad de acuerdos ya firmados, en el año 1992, en la tercera o cuarta legislatura socialista con Felipe González, con la comunidad judía, con las comunidades musulmanas de España, y con la entidades religiosas evangélicas de España".
"Con estos datos en la mano", el cardenal se preguntó: "¿A qué viene una nueva ley de libertad religiosa? La respuesta no la encontramos", confesó.
Manifestación contra el aborto
Preguntado si la Iglesia apoyará abiertamente la manifestación en contra del aborto prevista para el próximo 17 de octubre, el cardnenal respondió que "hay que recordar que la Comisión Permanente del episcopado español acaba de publicar en junio una nota en la que toma postura sobre el proyecto de ley del gobierno sobre la ampliación, o el cambio o la reforma de la legislación sobre el aborto en España" y añadió que la manifestación "la promueven organizaciones ciudadanas, entre las cuales se encuentran organizaciones católicas, entre las cuales se encuentran en su miembros muchos católicos y probablemente también los que no participan activamente en la vida de la Iglesia".
"Creo que va a ser un reflejo muy vivo de lo que es la realidad social de España y de cómo se está viviendo este proyecto de ley por parte de muchos españoles y por amplios sectores de la sociedad española", dijo don Antonio María, quien añadió que "los obispos españoles en otras ocasiones hemos dicho que los católicos deben comprometerse en la vida pública y deben comprometerse con todas las grandes causas que tienen que ver con los derechos fundamentales de la persona, y en primer lugar con el derecho a la vida que es, desde el punto de vista de la realización de los derechos humanos, el primero y más básico derecho humano".
Conferencia en el Meeting de Rímini
Durante su conferencia titulada “Iglesia, sociedad y política”, el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal ha lanzado esta pregunta: “¿Tiene el poder político facultad de limitar, condicionar, restringir e incluso negar los derechos fundamentales de la persona humana -el derecho a la vida, a la libertad religiosa, de pensamiento, de conciencia, de expresión y de enseñanza- sin que se quiebre su legitimidad ética? La contestación, subyacente a muchas de las corrientes culturales que inspiran e influyen hoy la teoría y la praxis política, es militantemente afirmativa”.
Rouco ha destacado que “la sociedad, si quiere organizarse en perfección, habrá de facilitar el espacio necesario de acción y de vida para que la persona humana pueda alcanzar su fin último: la vida eterna en Dios”. Y denuncia que “no irá por ahí, por desgracia, la evolución laicista de la sociedad moderna y contemporánea, que tenderá cada vez más a concebirse y a realizarse al margen de Dios como principio y fin del hombre”.
