(ACIPrensa/InfoCatólica) Actualmente se debate en Chile una ley que busca despenalizar el aborto después de la semana 14 de gestación.
Desde el año 2017, el aborto está permitido legalmente hasta la semana 12 bajo ciertas causales como inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. El nuevo proyecto que fue presentado en enero de este año no especifica las causas para extender el aborto hasta semana 14 de gestación.
En este momento el proyecto se encuentra en el primer trámite en la Comisión de Mujer, Equidad y enero de la Cámara de Diputados.
En una de las cesiones de expositores, Rosario Corvalán, abogada del equipo legislativo de Comunidad y Justicia, defendió la vida del niño por nacer basándose en sus derechos. Preciso: «Es una persona humana y por lo tanto sujeto de derechos. El primero de ellos, es el derecho a la vida. En ese sentido, ¿estamos despenalizando poner fin a la vida de una persona humana? ¿O estamos despenalizando deshacernos de un conjunto de células?
Si reconocemos que el embrión es una persona y la decisión de la mujer de abortar fuera realmente autónoma, esa autonomía no le permitiría terminar con la vida de otra persona».
Haciendo referencia a que no existe el «derecho» a decidir por la vida de otra persona afirmó: «Mi libertad llega hasta donde empieza la del otro, el aborto es inaceptable»
«Debemos hacernos cargo de la condición de persona del niño que está en el vientre materno. No se puede ser más o menos persona, así como tampoco se puede ser persona de primera o segunda categoría».
Tenemos que encontrar una razón lo suficientemente potente para justificar que la ley no sancione poner fin a esa vida humana».
También explicó que el nuevo proyecto alega que las mujeres sufrirían consecuencias negativas en su salud mental por ser estigmatizadas en países donde el aborto no es legal, esto es otra falacia.
Las cifras presentadas por el Instituto MELISA demuestran que «el 90% de las mujeres que piensan en un aborto lo hacen por miedo o coerción, en tanto que el 20,4% lo hace para ocultar el embarazo por temor a la reacción de los padres o la pareja».
Dijo Corvalán: «Si despenalizamos el aborto, esa coacción ejercida sobre la mujer para abortar va a estar amparada por el derecho (ley). Es inaceptable».
En Cánada las estadísticas demuestran que una alta tasa de ingreso de mujeres que han abortado ingresan al hospital psiquiátrico y en Nueva Zelanda, las jóvenes entre los 15 y 18 años tienen un 50% más de probabilidad de presentar ideas suicidas.
Entre los defensores del proyecto se encuentra la diputada Camila Rojas, ella alega que el proyecto considera «la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del útero. El niño en gestación es una persona en una discusión subjetiva, ya que dependerá de si el embarazo es deseado, programado o forzado».
Legalización de facto
Corvalán explicó: «Al leer el tenor literal de este proyecto de ley es difícil sostener que está haciendo algo más que despenalizar, pero si vemos sus principios, lo que hace en los hechos es una legalización.
Actualmente se puede exigir al Estado cuatro prestaciones relacionadas con el aborto. Eso es dar un paso más allá de la despenalización. No habría por qué pensar, que este proyecto va solamente a despenalizar la práctica.
En la fundamentación de este proyecto también se habla sobre derechos sexuales y reproductivos, eso implica exigir prestaciones al Estado, y no solamente que el Estado se abstenga del castigo.
La diputada Rojas habló de la viabilidad a partir de las 14 semanas de gestación, a partir de allí, el feto sería “sujeto de protección jurídica”, para mí, es desde la concepción».
