(El Periódico/InfoCatólica) Tras una tramitación exprés, la norma está lista para ser debatida, previsiblemente, el próximo jueves en el Pleno de la Cámara baja, con la vista puesta en que vea la luz en torno a marzo, después de su paso por el Senado. España pasará así a convertirse en uno de los pocos países que permiten el suicidio asistido, que se concebirá como un derecho y será parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
PP y Vox se han opuesto a su aprobación, con duros descalificativos hacia la norma y hacia el Gobierno. El resto de los grupos parlamentarios respaldan que se regule la eutanasia, atendiendo a la demanda social expresada en las encuestas. Por ello, y en tan solo dos reuniones de la ponencia destinada a estudiar las enmiendas, algo completamente inusual, se han acordado «muchísimas transaccionales», según ha puesto en valor la portavoz socialista en la materia, la exministra María Luisa Carcedo.
Con ello, se consensuado un proyecto ley «absolutamente garantista» -de nuevo en palabras de Carcedo- que permite que la eutanasia se practique a petición del paciente y tras ser revisada por dos equipos médicos y una comisión de garantías. Las enmiendas introducidas permiten que el suicidio asistido se realice también en los domicilios, si bien en la exposición de motivos se incide en que es un proceso sanitario y no un acto que cada uno pueda realizar arbitrariamente. Lo que no ha salido adelante era la pretensión de PSOE y Podemos de que la ley tenga carácter retroactivo.
