(Efe) «Su eminencia el cardenal Becciu reitera la absoluta falsedad de los cargos en su contra transmitidos a través de la prensa, confirmando que no ha cometido ninguna actividad ilícita. Espera con serenidad los resultados de la investigación para finalmente poder confirmar su fidelidad al Santo Padre y a la Iglesia», escribió su abogado en una nota.
Estos días los medios italianos han ido publicando varias informaciones relativas a la gestión cuando era sustituto de la Secretaria de Estado (2011-2018) por parte del purpurado. En particular, el abogado explicó que «ni el cardenal ni sus hermanos poseen acciones o bonos, ni participan en fondos de inversión ni tienen cuentas en el exterior».
También niega que haya habido «transferencia de fondos de la Secretaría de Estado a la disponibilidad privada y personal de sus familiares» y que «nunca se han concertado inversiones de la Santa Sede en las actividades de la empresa del Ángel, relacionadas con la producción de cerveza o su comercialización».
Respecto al caso de los fondos enviados a una mujer de Cerdeña (ciudad natal del purpurado) llamada Cecilia Marogna, para que creara una supuesta red diplomática para defender a las nunciaturas en países de riesgo, el abogado explicó que «se refieren exclusivamente a cuestiones institucionales».
Cecilia Marogna confirmó en varios medios que recibió cerca de 500.000 euros en varios pagos a su sociedad, con sede en Eslovenia, y que no existe ningún tipo de factura porque eran «fondos reservados». La prensa italiana ha comprobado que con algunos de estos fondos, Marogna compró artículos de lujo.
El abogado de Becciu también rechazó cualquier injerencia en el juicio que se celebró al cardenal australiano, George Pell, y del que fue absuelto.
Los medios habían especulado sobre el envío de varias transferencias desde la Secretaria de Estado a cuentas en Australia durante el proceso. Ante dichas informaciones, el propio Becciu abogó por el derecho «a una información correcta respecto de todos los involucrados» y se reservó la posibilidad de acudir a la Justicia «para proteger su propia honra y reputación y la de los familiares».
