(LSN/InfoCatólica) El evento había tenido lugar el 18 de mayo del año pasado, lo que provocó la indignación de los medios de comunicación dominantes contra los jóvenes. Fueron inmediatamente sancionados por la Universidad Católica a la que la mayoría de ellos pertenecen: ICES,«Instituto católico de estudios superiores de la Vendée».
Su absolución por el Tribunal de Apelación de Poitiers es una bofetada al CIEM, cuyo presidente, Eric de Labarre, había presentado el escándalo estudiantil como un «incidente grave», y anunció que se tomarían medidas disciplinarias. Esto a pesar de que el «ataque» tuvo lugar después del final del año académico - los estudiantes acababan de recibir los resultados de sus exámenes - y fuera del campus universitario que estaba cerrado en ese momento. De hecho, no todos los jóvenes que se unieron eran estudiantes del ICES.
El 20 de mayo de 2019, De Labarre dijo:
«El CIEM condena todas las formas de violencia utilizadas para promover cualquier tipo de condena. ... Su actitud es perjudicial para la reputación del CIEM, y como tal no sólo serás responsables ante los tribunales, ya que se ha presentado una denuncia, sino también ante el CIEM.»
Las autoridades universitarias llegaron a revelar a la policía la identidad de los estudiantes que habían participado en el incidente.
Los activistas LGBT pedían sanciones y expulsiones para los estudiantes y el CIEM adoptó su vocabulario, hablando de «postura homófoba».
En ningún momento la jerarquía de la universidad católica recordó que si el respeto a todas las personas es una necesidad, también lo es la defensa de la enseñanza católica. Aunque reconocieron que sus métodos pueden haber sido desaconsejables, varios de los jóvenes manifestantes anti-LGBT insistieron en que se habían enojado al ver la promoción pública del desorden moral.
El fiscal de la Vendée, en una declaración a los medios de comunicación, dijo en ese momento que no había «ningún vínculo» entre los incidentes y el hecho de que algunos de los jóvenes estaban estudiando en el CIEM.
Ahora, un tribunal civil de justicia penal ha confirmado que sus actos no fueron graves y no merecen ser calificados de homófobos u odiosos. De los 12 jóvenes que fueron juzgados en Poitiers, sólo tres recibieron sanciones leves: multas modestas y varias horas de trabajo comunitario porque habían escondido sus rostros con máscaras en la plaza pública y robado una bandera arco iris. Estos tres jóvenes no estudiaban en el CIEM. El tribunal también decidió que no habrá rastro de la sentencia en sus antecedentes penales.
Hartos de la homofilia
Puede considerarse que el incidente en sí mismo ha mostrado una falta de discreción por parte de los jóvenes adultos que, en su mayoría con la cabeza y la cara descubiertas, caminaron por la exposición de LGBT con el cartel «Homofolie, ça suffit» («Estamos hartos de la homofilia»). Los vídeos publicados en Internet los mostraban derribando una valla de hierro, reventando unos cuantos globos con sus cigarrillos y llevándose una bandera de arco iris. Los activistas LGBT corrieron detrás de ellos, filmando al grupo con sus smartphones. Se intercambiaron algunas palabras gruesas, pero no hubo actos violentos.
Una semana después, la prensa local informó de que dos septuagenarios presentes en el stand de LGBT en ese momento afirmaron que habían sido «derribados» por un joven y que se les habían entregado certificados médicos de «incapacidad temporal para trabajar» de hasta 10 días.
Para entonces, el incidente se había convertido en una importante noticia nacional, ya que muchos de los principales informes anunciaban que el puesto de LGBT había sido «saqueado», a pesar de que tres activistas LGBT presentes en el lugar de los hechos habían reconocido por televisión que los daños habían sido mínimos y que nadie había resultado herido.
Más preocupados por los jóvenes que por una violación
Los jóvenes fueron detenidos por la policía, que dejó claro que actuaban siguiendo órdenes. Según uno de ellos, en declaraciones a LifeSite, un agente de policía les dijo en ese momento que se les había pedido que dieran prioridad al asunto frente a las investigaciones que se estaban realizando en un caso de violación.
En la primera audiencia del tribunal de La Roche-sur-Yon, en julio de 2019, el más grave de los delitos que se imputaron a los 12 estudiantes, «insultos homófobos», no fue aceptado por los jueces que les consideraron no culpables de ese cargo. Cinco de los acusados fueron condenados a dos meses de prisión con suspensión de la pena y todos fueron obligados a realizar servicios comunitarios por «obstruir una manifestación».
La acusación - el Centro LGBT de la Vendée, la asociación «AIDES» contra el SIDA y la Asociación de Planificación Familiar local - apeló a estas leves sentencias porque querían el reconocimiento legal de lo que pensaban que eran «insultos homofóbicos».
Pero su acción tuvo un efecto contraproducente cuando el Tribunal de Apelación no sólo rechazó esa demanda, sino que también invalidó la condena por «obstrucción de una manifestación», dejando sólo cargos menores que sólo acarrean multas.
Benoît Fleury, uno de los asesores jurídicos de los jóvenes, dijo a Boulevard Voltaire, agencia de noticias independiente de Francia, que se había restablecido el reino de la ley, con una interpretación adecuada de los textos y definiciones legales. Los abogados de los acusados pudieron demostrar ante el tribunal que sólo se había producido un daño material mínimo; no había rastro de los daños corporales que se habían mencionado en los medios de comunicación después de los hechos.
Se había hecho una montaña de un grano de arena. El CIEM, en su intento de mostrar «respeto» por todas las personas, incluso en su activismo a favor de los llamados «derechos de los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales», había reaccionado claramente de manera exagerada al expulsar a dos estudiantes y someter a los demás a obligaciones estrictas, incluida la amenaza de expulsión.
Quieren la Universidad católica se disculpe
Uno de los estudiantes implicados en los incidentes, que estuvo presente en el Tribunal de Apelación de Poitiers el pasado miércoles, dijo a LifeSite que probablemente no apelaría las sanciones del CIEM alegando que no había delitos que sancionar. «Todo lo que pido es una disculpa pública», dijo.
El joven subrayó que la decisión marca una «victoria total» contra la apisonadora ideológica que se había puesto en su contra:
«Nuestra reacción inmediata es que hemos obtenido una inmensa victoria en más de un cargo. Nuestro principal objetivo era derribar las acusaciones de obstrucción e insultos. Nuestra victoria fue completa porque derrocamos la maquinaria -incluyendo la política- que estaba trabajando contra nosotros.»
«El segundo punto es que el CIEM ha cometido una falta muy grave al condenar y expulsar o amenazar con expulsar a sus miembros por delitos que legalmente no existen. Dos jóvenes fueron expulsados por meras acusaciones policiales. La Universidad me condenó personalmente a 180 horas de trabajo comunitario y me amenazó con una suspensión de 18 meses, y ahora he sido totalmente absuelto de todos los cargos. Incluso el presidente del Tribunal comentó el carácter "excepcional" de estas sanciones. El CIEM fue, en efecto, demasiado entusiasta en este asunto», señaló.
Ante la pregunta de LifeSite de si Pedirían el levantamiento de las sanciones pronunciadas por el CIEM contra ellos, respondió:
«Ya es demasiado tarde para impugnar las decisiones adoptadas por el CIEM, pero exigimos una disculpa, porque nos dejaron tirados y nos insultaron públicamente: y queremos una disculpa pública porque fueron muy rápidos y muy ansiosos a la hora de condenarnos condenarnos, cuando somos inocentes»
Y añadió:
«Si hubiera sabido hace año y medio dónde estaría hoy, no habría dudado en actuar como lo hice. Pero no haría el mismo tipo de acción mañana, porque no tenemos ni el tiempo ni el dinero para gastar en este tipo de cosas otra vez. Pero en el fondo, estamos convencidos de que lo que hicimos fue bueno. Pagamos el precio de lo que hicimos en el plano económico, legal y social y no lo volveremos a hacer, pero no nos avergonzamos de lo que hicimos el 18 de mayo y de nuestras reacciones posteriores».
Reflexionando sobre el significado de la victoria obtenida en Poitiers, dijo:
«Para ir un poco más lejos, creo que hay un signo de esperanza aquí. Pertenezco a una generación que empieza a ganar, y el juicio que hemos obtenido es un ejemplo de ello. Si puede animar a otros a levantarse contra la maquinaria ideológica que era intocable hace sólo 30 años, bueno, eso es bueno. Es algo que hemos ganado, aunque el precio haya sido alto».
¿Ese precio era económico o no? «El precio económico no era el más importante», dijo nuestro interlocutor:
«Tuvimos la suerte de tener abogados que hicieron gestos para ayudarnos y gente que nos apoyó. Lo que más nos costó, y era algo que no teníamos ni idea como jóvenes de 20 años, fue tomar conciencia del poder de la maquinaria que no conocíamos. En tres días, nuestros rostros estaban en varios sitios de Internet, recibimos llamadas de los principales medios de comunicación, el CIEM nos llamó a todos, algunos de nosotros fuimos confrontados por la policía, otros fueron mantenidos bajo custodia policial, otros incluso vieron sus apartamentos allanados. Para nosotros fue realmente un choque moral. Creo que nos hizo más fuertes, pero supuso horas de lucha y discusión para tratar de salvar nuestro propio pellejo y obtener justicia».
Lo ocurrido es altamente significativo e ilustrativo de la crisis que sufre la Iglesia hoy en día. Resulta lamentable que una universidad católica en La Vendée, la región de Francia que fue testigo de la primera gran masacre contra los católicos en la era moderna por oponerse a los principios ilustrados de la Revolución francesa, se haya convertido en un agente del lobby gay contra jóvenes católicos que defienden que la inmoralidad no tiene derechos.
